La Xunta publica este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se establecen los servicios mínimos «dirigidos a garantizar los servicios esenciales» durante la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre.
Por su parte, la CIG, central mayoritaria en la comunidad gallega, ya avanza que impugnará estos servicios mínimos fijados en una orden de la Consellería de Presidencia, al considerarlos «abusivos».
Entre otros ámbitos, los servicios mínimos de la Xunta abarcan la sanidad, la educación, el transporte y la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG).
«Se establecen servicios mínimos respecto de los sectores y actividades cuya regulación es competencia de alguna de las consellerías de la Xunta de Galicia y que pueden afectar al desarrollo común de la actividad ciudadana, en el sentido del artículo 2 del Decreto 155/1988, de 9 de junio, es decir, sanidad, seguridad, protección civil, transportes y comunicaciones, medios de comunicación social, registros públicos, edificios, bienes e instalaciones públicas, asistencia social y educación, servicios de vigilancia y extinción de incendios y bomberos», especifica la orden.
A continuación, asegura que los «criterios determinantes para la fijación de los servicios mínimos establecidos en la presente orden tuvieron en cuenta los distintos pronunciamientos» del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en relación con los servicios esenciales fijados en las jornadas de las anteriores huelgas de 8 de junio de 2010, de 29 de septiembre de 2010, de 27 de enero de 2011, de 29 de marzo de 2012, de 14 de noviembre de 2012 y de 8 de marzo de 2018, así como la sentencia de 25 de septiembre de 2019.
«EXCESIVOS»
Frente a esto, la CIG considera «excesivos y abusivos» los servicios mínimos decretados por la Xunta de Galicia para la jornada de huelga general y anuncia que presentará recurso judicial por considerar que «una vez más vulneran el derecho fundamental a la huelga».
Critica que el texto publicado en el DOG no recoge «ni una sola de las aportaciones trasladadas por las organizaciones sindicales e incluso se amplía la actividad a estructuras como la Amtega, las universidades o la Funga, que no aparecían en la propuesta de mínimos que la Administración gallega presentó la pasada semana en la reunión con los sindicatos».
El secretario confederal de afiliación de la CIG, Renato Núñez, denuncia que es «calcado» al de convocatorias previas, pese a existir «numerosas sentencias» del TSXG que anularon esos servicios mínimos por falta de justificación.
Entre los ejemplos «más llamativos», Núñez señala a la Televisión de Galicia, «donde no se establecen mínimos en los programas no informativos pero sí se determina que cuando no sea posible la emisión de un espacio por el seguimiento de la huelga se emitirá en redifusión un programa ya emitido con anterioridad».
«Por si no fuera suficiente», añade la central nacionalista, «fija siete efectivos de continuidad para ajustar las redifusiones e incluso mínimos de maquillaje, al determinar una persona por turno laboral».
El responsable sindical denuncia también que la Xunta determine mínimos en el personal del servicio de listas de contratación temporal «cuando la duración de la huelga es de 24 horas», en la Axencia Tributaria «por si coincide con el último día de pago de impuestos» y en el servicio de comedor del Centro Superior de Hostalaría de Galicia.
En el caso de la sanidad, los tilda «de máximos», con presencias «superiores» a las que se pueden encontrar a lo largo del año «en muchos centros de atención primaria».
Y en la enseñanza subraya que el profesorado de las unitarias «verá dificultado su derecho a secundar la huelga al incluirse la obligación de garantizar la apertura y cierre de todos los centros».

