El presidente del Consello Consultivo, Andrés Lago Louro, ha insistido en que la adscripción de la Comisión da Transparencia de la Valedora do Pobo, incluida en el proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026, fue «acertada» y ha defendido que desde el mes de mayo entraron 518 reclamaciones frente a las alrededor de 500 que, ha apuntado, recibió la Valedoría el último año con esta competencia.

En la comisión de Orzamentos, el responsable del Consello ha destacado que «en menos de un año» ya se superase el volumen de entrada en la Valedoría, a lo que, ha añadido, «hay que sumar las más de 180 reclamaciones que no fueron resueltas a 1 de mayo» y que asumió el Consello. «Es posible que cerremos el año con un volumen de entrada de casi 900 reclamaciones», ha augurado.

En todo caso, Lago Louro ha reconocido que hay que esperar para saber si esta subida «es coyuntural o estructural», recordando que el Consello lleva desde el 1 de mayo trabajando en este ámbito.

Así, ha expuesto que este aumento del volumen de reclamaciones tiene «una parte positiva» al considerar que la ciudadanía «cada vez es más consciente de sus derechos», al tiempo que ha señalado la parte «preocupante» por el hecho de que las administraciones «no den una respuesta adecuada a este tipo de solicitudes, sobre todo en el ámbito local».

Además, el responsable de la institución ha puesto en valor que la «capacidad resolutoria» es «muy superior» a la Valedoría do Pobo, argumentando que de las casi 700 reclamaciones que se gestionan «se han resuelto 371 y el 70% fueron estimatorias», lo que, en su opinión, «justifica el traspaso».

CRÍTICAS OPOSICIÓN

Mientras, el diputado del BNG Óscar Insua ha lamentado que el Gobierno gallego «sigue sin pedir» dictámenes al Consultivo, teniendo en cuenta, ha subrayado, «que no son vinculantes». «No entendemos esa desidia», ha remarcado antes de decir que «es una pena» porque «mucha de la materia que manejan tiene relación con la administración».

En este sentido, ha señalado que este año se presentó el proyecto de ley de administración y el anteproyecto «tampoco tuvo dictamen facultativo». «Es una pena que no puedan hacer ese tipo de aportaciones y con todo el aumento normativo que ha habido en este proyecto estoy seguro que ustedes podrían sugerir bastantes cosas sobre esta materia», ha insistido.

Por su parte, Patricia Iglesias (PSdeG) ha sido crítica con los dictámenes emitidos por el Consello Consultivo previos a los recursos de institucionalidad presentados por la Xunta y ha censurado su «uso partidista».

Respecto a la Comisión da Transparencia, la parlamentaria socialista ha cuestionado si podría trabajarse «de manera mucho más automatizada y sistemática» y ha instado al presidente del Consultivo a reclamar más presupuesto por asumir esta competencia, algo que también ha apuntado el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea.

Mientras, Julio García Comesaña (PPdeG) ha destacado la «estabilidad» del ente y ha criticado que la oposición hable de «injerencia política», subrayando que el cambio de Transparencia «no fue una mala decisión», sino que «fue ágil» y era «lo que los ciudadanos reclaman».

PRESUPUESTO: 2,6 MILLONES

Además, en su intervención, Andrés Lago ha destacado que el presupuesto del Consello asciende a 2,6 millones para 2027, lo que supone «un 9% más».

La razón de este incremento, ha explicado, se deriva del incremento salarial para todos los funcionarios prevista en un 5%, mientras que el resto deriva de la modificación de la relación de puestos de trabajo para crear nuevos puestos destinados al servicio de la Comisión de Transparencia y que ha cifrado en unos 80.000 euros.

También ha puesto en valor que la institución cerró unos 19.000 dictámenes e informes jurídicos en 30 años y que en lo que va de año llevan 415, frente a los 412 con los que concluyeron el pasado año.

De ellos, según ha detallado, 17 son proyectos normativos y «la mayoría» de las consultas provienen de la Administración autonómica». Respecto a los dictámenes, ha señalado que «rozan el 90%» que «acatan y siguen el criterio» del Consello.

En el ámbito de responsabilidad patrimonial, Lago Louro ha afirmado que «una mayoría siguen siendo respetados y valorados», aunque ha relatado que «hay variaciones sobre todo en los importes indemnizatorios».

ACCIDENTE URDA

Al inicio de su intervención, Lago Louro ha trasladado su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la localidad toledana de Urda, recordando también el siniestro del Alvia en Angrois de 2013, un caso del que él fue juez instructor.

Un mensaje de pesar al que también se han sumado en sus diferentes turnos de palabra los representantes de los grupos parlamentarios que han intervenido en la Comisión.