El Tribunal Supremo ha dictado sentencia firme según la cual anula el punto con el que la Xunta exige que el personal laboral fijo que cumple los requisitos para la funcionarización adquiera un compromiso de participación en los procesos de funcionarización para poder solicitar el reconocimiento de la progresión de grado para la percepción del complemento de desempeño.
De este modo, el Supremo estima parcialmente el recurso de casación de la CIG y anula parte de un fallo previo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en el procedimiento de conflicto colectivo que impulsó la central nacionalista. El edicto lo publica este miércoles el Diario Oficial de Galicia (DOG).
El conflicto se retrotrae a 2022, cuando la Administración autonómica llevó a las mesas de negociación su propuesta sobre la carrera profesional.
«La CIG votó en contra porque dejaba fuera a mucha gente y porque en el proceso de solicitud se exigía al personal laboral un compromiso de funcionarización, cuando siempre se dijo que sería voluntario», destaca el secretario de la sección de autonómica de esta organización sindical, Lois Díaz.
REUNIÓN CON LA XUNTA
En declaraciones a Europa Press, Díaz estima que en su día la decisión afectó a un millar de empleados públicos, sin posibilidad de acceder a un plus que va de 60 a más de 200 euros en función del grupo profesional, por lo que se dirige al Gobierno gallego para preguntarle «qué va a hacer» y si «va a actuar de oficio». De hecho, la central pedirá una reunión con la Dirección Xeral de Emprego Público.
Lo que ve claro Lois Díaz es que en el proceso de carrera profesional que prevé para finales de año «la Xunta ya no podrá incluir esta obligación».

