Compraventas de vivienda «paralizadas» y retirada de pisos del mercado del alquiler. Esas son, según las inmobiliarias gallegas, las principales consecuencias en la comunidad de la aprobación, de nuevo esta semana en Consejo de Ministros, de los dos decretos del Gobierno central en materia de vivienda, para la protección de su función social y la ampliación de la oferta asequible –el primero– y para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento –el segundo–.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), Emilio García, asegura que las ventas que las agencias tenían previstas para estas dos últimas semanas «se paralizaron», y centra el impacto en un ámbito en concreto: el de particulares que, a modo de inversión, compran vivienda y la destinan después al alquiler, un mercado con más demanda que oferta y los precios disparados desde hace años.

Quien iba a comprar un piso para vivir, «ese no, ese sigue adelante», constata el también director de la inmobiliaria Galician Homes, y remarca que los contratos de arras que están «parados» son los que «eran para inversión».

El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez anunció su intención de aprobar medidas en este ámbito en la penúltima semana de septiembre, tras producirse el 23 de septiembre el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que llevaba 70 años viviendo en el mismo piso y que ha fallecido este miércoles.

Desde entonces, en Galicia, el efecto de los decretos –todavía no convalidados, pero el primero de ellos, el más amplio, ya en vigor desde este jueves– se focaliza, según Emilio García, en A Coruña y Santiago de Compostela, las dos ciudades «más afectadas –dice– por estar declaradas como zonas tensionadas», y también dos de las que presentan mayor dinamismo. En todo caso, las inmobiliarias avisan de que el impacto llega, en general, al resto de urbes y localidades gallegas.

Esgrimen el «miedo» y el deseo de tener «disponibilidad» de sus viviendas como las dos motivaciones que han paralizado compraventas, y también las que impulsan a quienes estudian retirar su piso del mercado del alquiler.

«El pequeño propietario quiere disponibilidad», subraya García. Desde S2M Inmobiiaria, Emma Martínez, hasta hace poco presidenta de Agalin, habla de «retirada masiva» de viviendas del mercado del alquiler. «La gente tiene miedo y prefiere tener el piso vacío o ponerlo en compraventa», afirma.

Al respecto, Martínez opina que «la gente no quiere incentivos fiscales, quiere cobrar y luego poder disponer; si necesitas dinero poder vender, pasado un tiempo».

Tanto ella como otras inmobiliarias como Xubial, en Santiago de Compostela, hacen alusión a la incertidumbre y a que «todo el mundo está a la expectativa», tanto de la convalidación o no de los decretos como de la propia convocatoria electoral.

«La incertidumbre es lo contrario de lo que necesita el mercado de la vivienda», avisa la representante de S2M Inmobiliaria, quien cita al director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, para aseverar que «el 98% de los que alquilan pisos en Galicia son particulares o pequeños propietarios». Con esto último se refiere a la constitución de una pequeña sociedad limitada (SL), con «dos o tres viviendas», algo a lo que se recurre, sostiene, por «cuestiones legales».

La ley de vivienda, de 2023, define como gran tenedor a aquel con 10 viviendas o 5 en una zona declarada como mercado tensionado. En su rechazo al recurso de la Xunta contra la ley estatal, el Tribunal Constitucional acaba de subrayar que estos propietarios gozan de «un cierto estatus de dominio» del que carecen quienes no tienen esa condición.