La conselleira de Vivienda, María Martínez Allegue, ha cargado contra los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno central, «totalmente irresponsables», al considerar que esta medida es «populista» y «un refrito sin pensar». «No solo, que por supuesto también se trata de proteger a inquilinos, sino que también tenemos que proteger a los propietarios», ha afirmado.

En un acto en la ciudad herculina con la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios da Coruña (Aproinco), la conselleira ha anunciado que la Xunta va a subir hasta 51.000 euros –actualmente están en 42.500 euros– las ayudas a promotores por la construcción de cada vivienda protegida de régimen especial.

«Espero que impere el sentido común y mañana no se apruebe ninguno de esos reales decretos, toda vez que son totalmente irresponsables», ha asegurado la conselleira, que define esos textos como «intervencionistas». Augura que provocarán que «no habrá ningún propietario que quiera poner su vivienda en el régimen de alquiler».

En lo tocante a ayudas a promotores para la construcción, Allegue explica que se convocarán antes de terminar el año, pues señala que no debe ser solo «atractivo» para quien necesita vivienda, «sino que sea viable para quien la promueve», «un equilibrio fundamental».

«Necesitamos de vuestro apoyo para poder dar esas respuestas adecuadas», le ha dicho a los promotores en A Coruña. Opina que la ayuda «no funciona» cuando está construida la vivienda, sino hay que «apoyar económicamente la promoción» desde el principio. «Apoyar la promoción es apoyar la vivienda», defiende para aumentar las ayudas a la construcción.

Así se ha expresado en este acto con la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios da Coruña (Aproinco), quienes también se han mostrado «preocupados» por estos decretos sobre vivienda que se votará el viernes.

ARREMETE CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

Por otra parte, la conselleira ha arremetido contra el Ayuntamiento de A Coruña, pues a raíz de la carta enviada a la Xunta por la alcaldesa, Inés Rey, para reclamar los fondos de zona tensionada para el municipio, dice que se supo que «A Coruña tiene 40 viviendas de titularidad municipal que están vacías».

Al respecto, hace un «ruego» a la alcaldesa, según dice desde la «lealtad institucional», para que «ceda esas viviendas a la Xunta de Galicia, que sí tienen capacidad para su rehabilitación». Compromete que se dedicarán a los inscritos como demandantes de vivienda, ya que A Coruña es la segunda ciudad con más inscritos.

Indica que un año después de la implantación de la zona tensionada se retiraron del mercado «un 52%» de las viviendas de alquiler en A Coruña. Argumenta que en julio de 2025 se formalizaron 750 contratos y en julio de este año, 342. «La intervención en el mercado no funcionan», incide.

En cambio, ha puesto en valor las políticas de la Xunta y resalta el objetivo de alcanzar las 10.000 viviendas de promoción pública en la comunidad para el año 2030.