CIG y CC.OO. rechazan el plan para reducir bajas de la Xunta y critican que «la gran beneficiada es la patronal», puesto que las empresas recibirán ayudas.
Por un lado, la central nacionalista traslada, a través de un comunicado de prensa, su «rotundo rechazo» al plan y asegura que «criminaliza» las bajas.
A su juicio, es «un paso más» en la «campaña de criminalización» y en el «papel abusivo de las mutuas y la privatización de la sanidad pública».
Frente a esto, denuncia que la Xunta «sigue sin adoptar medidas ante el empeoramiento de la salud laboral, la precariedad y los recortes en la sanidad pública».
El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, tilda de «escándalo» el plan al advertir que «malgasta y despilfarra dinero público para las empresas, el negocio de las mutuas y el sector privado a cuenta de la salud de los trabajadores».
Pone el foco, enfrente, en la necesidad de que «se eviten los despidos que las personas con contrato temporal sufren normalmente por caer de baja».
En cuanto a la figura del acompañante, ve una «tomadura de pelo» y lo confronta con que «se niegan las dotaciones de personal en la sanidad pública para que atienda cómo se debe a los trabajadores».
Además, en su opinión, los 26 millones «anunciados como mejoras en la sanidad pública» son «mentira» y «van dirigidos a engordar el negocio de las mutuas».
Censura, asimismo, el «bochornoso espectáculo» de UGT al firmar un plan que, desde su punto de vista, «ataca a la clase trabajadora y persigue a los enfermos».
CC.OO.
También CC.OO. critica el «falso diálogo social» con UGT y la CEG «para legitimar medidas contra la salud de la clase trabajadora» y avisa de que el plan contiene «nuevas medidas de control y disciplina» además de «canalizar recursos públicos hacia el tejido empresarial sin contraprestación ni exigencia alguna».
«Detrás de una envoltura retórica de bienestar y protección, el plan despliega una arquitectura de gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes» y «consolida y amplía las medidas de control que se vienen aplicando de forma unilateral en los últimos meses y que despertaron el rechazo de las propias organizaciones médicas», afirma CC.OO.
Para Comisiones, el plan es «un instrumento de disciplina laboral disfrazado de política pública». A su juicio, «resulta especialmente sintomática del verdadero objetivo del plan la introducción del concepto de uso responsable», que «convierte el derecho a la salud en un privilegio condicionado al comportamiento del titular».
CC.OO. exige la retirada del documento y la apertura de un proceso de negociación «real» con todas las organizaciones sindicales con representatividad.
