El alcalde de A Gudiña (Ourense), Néstor Ogando, explica que el Ayuntamiento está pendiente de que Eurobattery Minerals aporte «toda la documentación, con los permisos sectoriales correspondiente» para que se pueda dar luz verde a la licencia municipal de apertura de la mina.

Después de la condena penal por fraude al consejero delegado de la empresa, Roberto García Martínez, el regidor explica que se ha puesto en contacto con la compañía y mantienen la intención de ir adelante con este proyecto minero de wolframio, ya que reducen esta cuestión a un «problema» con esa persona, si bien apunta a que también ha dimitido el presidente de Eurobattery.

No obstante, en declaraciones a Europa Press, el regidor explica que en el Ayuntamiento está pendiente de que la compañía aporte toda la documentación para obtener licencia, puesto que no pueden actuar sin esos permisos de obra.

Eso sí, asegura que en el municipio están «a favor» de la mina, tal y como se apoyó en pleno, por los «beneficios económicos» previstos y los puestos de trabajo.

ECOLOXISTAS EN ACCIÓN PRESENTARÁ DENUNCIA PENAL

Mientras, Ecoloxistas en Acción ha solicitado a la Xunta paralizar el proyecto de la mina de A Gudiña hasta esclarecer todas las cuestiones legales, ambientales y administrativas pendientes.

La organización ecologista denuncia que García Martínez se volcó en el proyecto San Juan, en A Gudiña, anunciando el inicio de la explotación el verano pasado pese a no contar con diversos requisitos, como la licencia municipal o una Declaración de Impacto Ambiental en vigor.

También presentará una denuncia penal separada al considerar que la actuación de la empresa podría ser constitutiva de presuntos delitos contra el medioambiente, al margen de las diligencias abiertas por los juzgados de Santiago en relación a la prórroga otorgada por la Xunta.

La organización ecologista demanda responsabilidad al Ayuntamiento de A Gudiña y a la Xunta de Galicia para «impedir la destrucción del territorio por empresas con historiales de criminalidad». Piden que se anule la prórroga otorgada en 2025 y se ejecute el aval de restauración para recuperar los terrenos degradados, que además se encuentran a menos de 2 kilómetros de la frontera con Portugal y del Parque Natural de Montesinho.

CONDENA

La Audiencia provincial de Bizkaia condenó a García Martínez y a otro como autores de un delito de estafa a la pena de dos años de cárcel. Además, ambos deberán indemnizar a la Agrupación Gestora Empresarial S.A (Agruges) en la cantidad de 3.460.000 dólares americanos.

Tal y como se relata en la resolución, los condenados se presentaron en 2010 ante miembros de Agruges como propietarios de una explotación minera de oro en Sierra Leona que estaban interesados en obtener financiación para la industrialización a gran escala del negocio de extracción y venta de oro y diamantes.

Tras mantener diversas conversaciones, ambos condenados recibieron una serie de traspasos con este fin que compusieron un total de 3.460.000 dólares. Sin embargo, este dinero no fue utilizado con el fin pactado.