La Consellería do Mar ha remitido sus aportaciones a la consulta pública abierta por la Comisión Europea sobre la comunicación ‘La pesca sostenible en la UE: estado de la situación y orientaciones para 2027’ y, en ellas, ha reclamado que el «esfuerzo» de la flota por la sostenibilidad se traduzca en «estabilidad de cotas y seguridad jurídica» para 2027.

Según incide el departamento, la postura autonómica adquiere un «peso estratégico añadido» al ostentar Galicia durante este segundo semestre de 2026 la representación de todas las comunidades autónomas en las reuniones del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (Agrifish).

De este modo, la Xunta defiende que la gestión biológica y la rentabilidad socioeconómica «deben avanzar juntas para consolidar la soberanía alimentaria de la Unión». En el campo de la gestión de pesquerías, el documento remitido reclama el reconocimiento explícito del Golfo de Vizcaya y de las aguas ibéricas como activos estratégicos y modelos de referencia y recuerda que la propia Comisión documentó la «rápida caída» de la mortalidad por pesca.

También exige evitar recortes «automáticos e indiscriminados» de cotas cuando la falta de recuperación de determinados stocks obedezca a factores ambientales o a la actividad no declarada de terceros operadores. En este sentido, Mar aboga por la implantación generalizada de sendas de recuperación plurianuales que «eliminen los drásticos vaivenes anuales y ofrezcan estabilidad y previsibilidad a las empresas y cofradías», explica en un comunicado.

En materia de competitividad y costos operativos, el departamento de Marta Villaverde advierte del «fuerte impacto» de la crisis energética derivada de la «inestabilidad internacional». «Ante esta situación, se demanda una estrategia dotada de fondos específicos de modernización energética y mecanismos de cobertura de precios que vayan más allá de las compensaciones puntuales de crisis del fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)», expone.

Por otro lado, Galicia pide revisar el marco regulador de capacidad pesquera para distinguir entre el aumento del esfuerzo extractivo y las inversiones en arqueo y potencia orientados exclusivamente a mejorar la seguridad, la habitabilidad a bordo y a descarbonización de los barcos.

RECLAMA IGUALDAD ANTE LAS IMPORTACIONES

La posición gallega pone también el foco en el valor estratégico de la flota de gran altura y en la renovación «urgente» de los acuerdos de colaboración con terceros países, garantizando la defensa de los intereses comunitarios.

Para evitar la competencia desleal, reclama una «estricta» igualdad de condiciones que obligue a las importaciones pesqueras extracomunitarias –especialmente, en el sector de la conserva de atún– a cumplir los mismos requisitos ambientales, sociales y de trazabilidad que se le exigen a la flota europea.

La dimensión social y el equilibrio en el mar son otras de las aportaciones gallegas con una llamada a apoyar la pesca artesanal y el marisqueo a pie, acelerar la homologación de los títulos de la gente del mar bajo el Convenio STCW-F y potenciar el papel de la mujer en toda la cadena extractiva y manufacturera.

Asimismo, demanda un control proporcionado de la obligación de desembarque que apueste por la selectividad y la prevención antes que por cargas rígidas; la coexistencia garantizada de la pesca frente a nuevos usos del espacio marítimo, y la continuidad de un fondo financiero «fuerte, independiente y específico» para la pesca y la acuicultura en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.