El Gobierno gallego ha acordado pedir al Ejecutivo central la convocatoria de una comisión bilateral para «discutir» y «tratar de resolver las diferencias» en torno a la ley de traspaso de la AP-9 con «un cambio» de las «condiciones» que fija la normativa de forma previa a la negociación de la transferencia a la Xunta de la Autopista del Atlántico.
Lo ha anunciado al término del Consello de la Xunta el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien ha explicado que se pide este órgano y no una comisión mixta de transferencias porque esta se activaría para negociar el traspaso de la autopista «en las condiciones fijadas por la ley» (pactada en Madrid por PSOE, BNG y Sumar, y de las que la Xunta discrepa).
«Discrepamos de estas condiciones de la ley y lo que queremos en la comisión bilateral es discutir el cambio. La negociación (del traspaso) no se puede hacer a cualquier precio. Tiene que ser en condiciones justas y los contribuyentes gallegos no tienen por qué pagar decisiones que no se adoptaron en Galicia, con independencia de los gobiernos que las adoptasen en los gobiernos de todo tipo», ha esgrimido.
El presidente mantiene que los términos de la ley aprobada en el Congreso y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado viernes incorpora unas condiciones que no se ajustan a las pactadas en el Parlamento de Galicia y que darían lugar a una transferencia que «resultaría inaceptable y perjudicial para los intereses de Galicia».
INFORME JURÍDICO: DUDAS DE CONSTITUCIONALIDAD
La decisión se fundamenta en el informe jurídico en el Consello, que concluye que la redacción finalmente aprobada de la norma incorpora «modificaciones sustanciales respecto de la proposición de ley aprobada por unanimidad por el Parlamento» y que «presenta dudas de constitucionalidad, ya que no transfiere por sí misma las competencias, sino que deja su atribución efectiva a un posterior acuerdo de la comisión mixta».
La Xunta considera que, aunque la ley mantiene formalmente la transferencia de la autopista, traslada a una futura Comisión Mixta de Transferencias la definición de cuestiones esenciales, especialmente las relativas al alcance de las competencias y los deberes económicos que deberá asumir el Estado.
Según recoge el informe, una ley orgánica de transferencia debe determinar directamente el contenido esencial del traspaso, mientras que la Comisión Mixta debe limitarse a ejecutar ese mandato legal mediante el traspaso de medios personales, materiales y presupuestarios y la fijación de la fecha de efectividad.
«La comisión bilateral tiene que ser anterior a cualquier otro paso, incluyendo la Comisión Mixta de Transferencias», ha indicado el presidente.
INCERTIDUMBRE FINANCIERA
Asimismo, ha explicado que el Gobierno gallego advierte de que la nueva redacción introduce incertidumbre financiera al supeditar determinados deberes económicos del Estado «a los límites económicos existentes en el momento en que se alcance el acuerdo de la Comisión Mixta, una expresión que no figuraba en el texto aprobado por el Parlamento de Galicia».
El informe también destaca que «desaparece la garantía expresa por la que el Estado asumía íntegramente las consecuencias económicas derivadas de una eventual nulidad de las prórrogas de la concesión, previsión que sí recogía la iniciativa impulsada desde Galicia».
Por todo ello, la Xunta solicita la apertura de una negociación en el seno de la Comisión Bilateral con el objetivo de alcanzar «una transferencia completa, jurídicamente segura y financieramente suficiente».
La Xunta reivindica que desde Galicia «siempre defendió que la AP-9 debe transferirse libre de cargas, asumiendo el Estado los costes derivados de decisiones adoptadas durante el período en que ejerció la titularidad y garantizando los recursos necesarios para la gestión futura».
