Cuatro grandes ayuntamientos (A Coruña, Ferrol, Ourense y Santiago) no rinden cuentas en materia de convenios y acumulan tres ejercicios consecutivos de incumplimiento (2021-2023), según censura el Consello de Contas en un informe.

En concreto, el informe, publicado este viernes, fiscaliza las obligaciones de remisión de información de las entidades locales de Galicia y evalúa el entorno de control en tres ámbitos: interno, contratos y convenios, en los ejercicios de 2021 a 2023.

En cuanto a A Coruña, Ferrol, Ourense y Santiago de Compostela, dado su peso institucional y el presumible volumen de su actividad convencional, advierte de que «su ausencia genera la mayor laguna de información del conjunto», y constata que «ninguno presenta certificación negativa».

En conjunto, las entidades locales de Galicia remitieron la información sobre la contratación, convenios y el sistema de control interno a través de las plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales de Galicia, con unos niveles de cumplimiento que alcanzan el 78% en materia de contratación, el 60% en materia de convenios y del 79% en materia de control interno, porcentajes que, para el Consello, «permiten una visión global de las materias analizadas».

En materia de contratación, el análisis realizado por Contas «pone de manifiesto una evolución favorable en la tasa de remisión de la información contractual», pero avisa de que este avance «no se acompaña de una mejora equivalente en términos de cumplimiento temporal, manteniéndose como déficit estructural el incumplimiento de los plazos legales de remisión, al efectuarse fuera de plazo más de la mitad de las comunicaciones».

En materia de actividad convencional, el análisis evidencia un nivel de cumplimiento inferior a lo observado en materia de contratación, con persistencia de «incumplimientos estructurales».

En materia de control interno, del conjunto de resultados obtenidos se deduce la existencia de «deficiencias estructurales» en el sistema de control interno del sector público local, caracterizadas por «la insuficiencia de medios, la ausencia de planificación del control, el predominio del control ex post frente al control preventivo, así como la utilización sistemática de mecanismos excepcionales como el reconocimiento extrajudicial de créditos».

«Estas circunstancias generan un riesgo elevado de incumplimiento normativo y de ineficacia del control interno, comprometiendo los principios de legalidad, eficiencia y buena gestión de los recursos públicos», avisa.