El consejero delegado de Recursos de Galicia (RDG), Emilio Bruquetas, ha afirmado que el proceder de su comercializadora de energía «no tiene nada que ver» con aquellas consideradas operadores ‘fantasma’, por lo que confía en que el Gobierno central atienda sus alegaciones y poder seguir trabajando «con normalidad».

Y es que el Ejecutivo ha iniciado el procedimiento de extinción de la habilitación de comercialización de energía de Recursos de Galicia (RDG) Comercializadora Galega de Enerxía, una sociedad público-privada en la que la Xunta es el accionista principal con más de un 30%.

«Es una cuestión de trámite absoluta», ha respondido la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, a preguntas de los periodistas este miércoles en Santiago, justo antes de una reunión para dar a conocer a clústeres la ampliación de capital de RDG.

Lorenzana ha dado la palabra para responder sobre este asunto al consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas, quien ha incidido en que es una cuestión «muy técnica», pues la administración central «está haciendo una serie de medidas luchando contra las comercializadoras fantasmas», actuaciones con las cuales está «de acuerdo» RDG. Pero, subraya: «Nuestro proceder no tiene nada que ver con esas prácticas».

Por eso la sociedad está «trabajando en una serie de alegaciones técnicas, sólidas, que tiene que ver con la retroactividad y con el interés general, con la proporcionalidad y el compromiso entre las partes».

«La comercializadora no estuvo ni está inactiva. Desde el principio trabajamos para tener todos los recursos y hacerlo bien», ha destacado Bruquetas. En este sentido, ha señalado que le gustaría «que las cosas pudieran ser más rápidas», pero ha preferido «hacer las cosas bien».

Cuestionado por si durante este periodo puede haber repercusión en la factura, el consejero delegado ha indicado que, en el programa que ya está en marcha, hay «471 solicitudes ya de ciudadanos del entorno del parque» y está «abierto a más comercializadoras». «Pase lo que pase esos ciudadanos tendrán garantizados sus descuentos», ha subrayado, en alusión al 80% del coste energético.

«Sin duda, esperamos que el Gobierno atienda nuestras alegaciones y poder trabajando con la comercializadora con total normalidad», ha concluido.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Por su parte, la conselleira ha animado a las empresas gallegas a sumarse a la ampliación de capital que va a desarrollar RDG, con la previsión de que esté aprobada definitivamente a finales de año.

Lorenzana ha informado a los clústeres gallegos de los detalles de la operación, que «busca seguir fortaleciendo desde el punto de vista financiero a la sociedad para que tenga más capacidad de seguir invirtiendo» en activos energéticos.

RDG dispone del parque eólico Mondigo y tiene una participación del 10% en la mina de Doade (Beariz, Ourense). Está previsto que, tras la ampliación, pase de un capital social de 43,6 millones a otro «próximo o que supere» los 100 millones.

Para eso, la Xunta entrará con una aportación en especie de sus participaciones en sociedades energéticas: entrará directamente el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) con el porcentaje que posee en seis parques eólicos (entre el 3% y el 4%). E integrará, también, su 30,92% de Nedgia Galicia.

Hecha esta aportación por parte del accionista mayoritario, que es la Xunta, lo que se busca es «que sea lo más abierta posible esta ampliación de capital a todas las empresas gallegas». «Creemos que los clústeres y las confederaciones de empresarios son los que tienen la mayor capacidad para llegar a ellas y poder así dar a conocer cómo se va a producir esa ampliación de capital», ha apuntado la titular de Economía e Industria.

Según el calendario que aporta RDG, durante las próximas semanas se presentará la operación al tejido empresarial gallego, en octubre-noviembre «está previsto recibir un informe independiente» que valore la aportación en especie de la Xunta y «se trabaja con la intención» de que la aprobación definitiva se realice en la junta general de RDG en diciembre.

PSdeG

Por su parte, el PSdeG considera que el procedimiento abierto por el Estado «viene de encender las alarmas sobre el destino de cantidades ingentes de fondos de la comunidad y la falta de transparencia con la que ese está desarrollando la sociedad público-privada».

La portavoz de industria y energía del grupo socialista en el Parlamento, Patricia Iglesias, denuncia la «absoluta falta de transparencia» de la empresa desde su creación en 2023 y avisa de que la ampliación de capital «es una confesión del fracaso de un modelo montado para no rendir cuentas e incapaz de cumplir los objetivos con los que fue creado».

«Cuando el proyecto fracasa, el PP no rinde cuentas; pide más recursos públicos para ir al rescate del fracaso», incide Iglesias.