El Gobierno central ha iniciado el procedimiento de extinción de la habilitación de comercialización de energía de Recursos de Galicia (RDG) Comercializadora Galega de Enerxía, una sociedad público-privada en la que la Xunta es el accionista principal con más de un 30%.

La Subdirección General de Energía Eléctrica publicó este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 16 de julio en el que figuran más veintena de empresas contra las que se inicia este procedimiento de inhabilitación que no han adquirido energía en el mercado de producción en el plazo de seis meses.

Entre las medidas que fija el Gobierno contra estas compañías se determina: suspender el derecho de estas empresas a tener acceso a las bases de datos de puntos de suministro; impedir que las empresas distribuidoras tramiten nuevas altas de clientes o cambios de comercializador; impedir la obtención por parte de las empresas de la información relativa a cambios de comercializador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; así como ordenar la eliminación de las ofertas estas empresas.

Las empresas afectadas tienen un plazo de diez días a partir de la notificación para presentar alegaciones.

ALEGACIONES DE RDG

Por parte de RDG se explica a Europa Press que la comercializadora «está plenamente operativa en la actualidad». Avanza que presentará alegaciones, ya que considera que procede archivar el expediente abierto «por diversos motivos», «fundamentalmente relacionados con la irretroactividad y la desproporcionalidad».

«Con independencia de todo, el objetivo final, que es el de lograr precios competitivos y estables, lo cumpliremos», afirma.

Precisamente, tras el Consello de la Xunta del pasado lunes, el Gobierno gallego informó de que RDG llevará a cabo una ampliación de capital con el objetivo de pasar de los 43,6 millones de euros actuales a entre 100,6 y 150,9 millones.

Todo ello después de que, el pasado mes de febrero de 2026, Recursos de Galicia comprase se primer parque eólico, el de Mondigo –entre los municipios de Barreiros, Ribadeo y Trabada (Lugo)–, en una operación de 75 millones, con la que habrá descuentos en la luz para familias y empresas del entorno.