El director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, ha afirmado que «la realidad es que el nuevo proyecto» para reactivar la explotación de cobre de Touro y O Pino (A Coruña) «supera» al anterior. Entre ambos, el promotor está tramitando el que es «el mejor de los dos», a juicio del alto cargo.

Así se ha pronunciado en comisión parlamentaria a preguntas sobre los riesgos medioambientales por parte de la diputada del BNG Saleta Chao, quien ha acusado al responsable de la consellería de responder a sus cuestiones como un «comercial de la empresa».

En concreto, Fernández Vila se refería al proyecto de explotación que en su día (en 2020) recibió declaración de impacto ambiental desfavorable de la Xunta y al que en la actualidad está en tramitación, que fue declarado estratégico por la Xunta en 2024.

Entre los años 2021 y 2026, «lo que ocurrió es que la empresa siguió trabajando en el proyecto», según ha destacado el responsable de Minas de la Xunta. «Presentó un nuevo proyecto, que consideramos diferente del anterior», ha resaltado.

En este sentido, ha concretado cuestiones relativas al área de afección, que ahora «es superior» y a hechos como que «la empresa asumiría llegado el caso la restauración» en toda esa zona, así como la vigilancia y el control. También ha apuntado a una «mejora sensible» en la estabilidad del depósito de estériles (lo cual ha puesto en relación con un escenario de accidente). «Entendemos que hay modificaciones significativas», ha resmido.

De este modo, ha afirmado que «es curioso», pero, tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) –que anuló esa declaración desfavorable–, «no hay ningún proyecto con DIA negativa y no habría lugar a alegar que es un proyecto análogo».

En cuanto a la tramitación actual, Fernández Vila ha señalado que «ya cuenta con bastantes informes sectoriales», incluido uno favorable de Patrimonio Cultural, pero están «pendientes los últimos».

En todo caso, ha garantizado «que el proyecto únicamente se autorizará en el supuesto de que así lo determinen todos los funcionarios que informan el proyecto», esto es, si «el órgano ambiental considera que el proyecto es ambientalmente viable» y también si su departamento como administración minera considera «que también lo es técnicamente». El informe de organismo de cuenca «es uno de los que falta», según ha constatado.

«PISAR EL ACELERADOR»

Por su parte, la nacionalista ha reprobado las explicaciones del director xeral porque, en su opinión, «defienden los intereses de la empresa».

Además, ha criticado la declaración de proyecto estratégico por parte de la Xunta porque a su juicio se hizo «para pisar el acelerador para saltarse todo esto» y, en suma, «para facilitar la reactivación de la mina».

INVESTIGACIÓN MINERA EN VIMIANZO

Por otra parte, en la misma comisión, la socialista Patricia Iglesias ha preguntado por el permiso otorgado por la Xunta a Caolines de Vimianzo para la investigación minera en este municipio.

Fernández Vila, que ha indicado que «la situación de la minería gallega es muy positiva», ha aclarado que los procesos de investigación «no siempre terminan con la apertura de una mina, ya que solo una pequeña parte de las exploraciones llegan a convertirse en explotación minera».

En el caso concreto de la solicitud de permiso de Vimianzo, ha explicado que «tiene su origen ya en anteriores concursos de derechos mineros» y ha asegurado que «la tramitación fue muy garantista».

«Los ayuntamientos ya conocían el proyecto» y se hizo una información pública que, si bien fue hace tiempo, «incluía un proyecto de investigación que no cambió en estos años».

Durante la información pública hubo la posibilidad de realizar aportaciones y se recibieron alegaciones de Naturgy y de cuatro asociaciones, según ha argumentado el alto cargo.

Ahora, según ha reconocido, «es cierto que se presentaron un número importante de recursos de reposición», pero ha apuntado que son «la mayor parte de ellos muy similares» y «alegan fundamentalmente sobre los posibles efectos perjudiciales que puede tener la futura explotación», por lo que no se refieren al permiso de investigación.

En su turno, la socialista Patricia Iglesias ha reclamado «mayor transparencia, mayor participación, más información a los vecinos», y ha cuestionado que el trámite de información pública hecho hace años «sea válido jurídicamente para un permiso de investigación otorgado en mayo de 2026».

TRES FASES

En la réplica, el responsable de Minas ha expuesto las tres fases que contempla el proyecto en Vimianzo, una primera de seis meses para recopilación de documentación y estudio geológico y una segunda de 12 meses para tomas de campo, ensayos y evaluaciones de las muestras obtenidas. Esta incluye la previsión de 50 sondeos manuales con una profundidad máxima de 2-3 metros y cuatro mecánicas a más profundidad.

La última fase, de año y medio, está prevista para una nueva serie de sondeos con una malla más densa para determinar los límites de cortas y reservas seguidas de ensayos en planta piloto y análisis de laboratorio.

«El sondeo previsto más próximo está a más de 200 metros de la construcción, que no es una vivienda», según ha afirmado, antes de pedir «rigurosidad».