La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha enviado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para pedirle la vuelta a lo que la Xunta denomina «la propuesta inicial» de transferencia de la autopista AP-9 a Galicia.

En la misiva, que recoge Europa Press, la conselleira indica al ministro que el Parlamento de Galicia aprobó hace menos de una semana una proposición «que reafirma el posicionamiento de Galicia en relación con la transferencia de la AP-9».

Esta aprobación se produjo con el único apoyo de los populares al texto presentado por el grupo mayoritario, con el voto en contra de PSOE y BNG, y en un debate en el que quedó patente la ruptura de la unanimidad sobre la AP-9 también en Galicia.

Los populares y la Xunta afirman que lo que quieren es el regreso «al acuerdo unánime» que propició la proposición de ley orgánica que se debate este mismo jueves en el pleno del Congreso.

La carta, enviada este martes, recoge los 12 apartados de la iniciativa aprobada hace seis días (la del PP). En un primer punto, reclama «respetar» el texto aprobado por unanimidad en la Cámara gallega, «preservando la integridad de las competencias reclamadas por la comunidad autónoma».

En un segundo apartado, requiere que «no implique para Galicia la asunción de cargas económicas, deudas, compensaciones o responsabilidades derivadas de decisiones adoptadas previamente por los distintos gobiernos estatales en relación con la concesión de la AP-9».

En tercer lugar, insta al Gobierno central a garantizar «que las bonificaciones actualmente vigentes continúen siendo financiadas por el Estado y no recaigan sobre los recursos propios de la comunidad».

Un cuarto precepto demanda dotar a la comunidad «de los recursos económicos necesarios para ampliar las bonificaciones de los peajes de la AP-9, especialmente para vehículos pesados, familias numerosas y desplazamientos nocturnos».

Como quinta solicitud, que el Ejecutivo «financie, con cargo a los presupuestos generales del Estado, todas las actuaciones e infraestructuras comprometidas o necesarias para garantizar una explotación adecuada y un nivel de servicio acomodado de la AP-9».

La sexta demanda se refiere a que asuma «cualquier consecuencia económica derivada de decisiones o situaciones ajenas a la responsabilidad de la Xunta de Galicia que afecten al contrato concesional de la AP-9».

En séptimo puesto figura la reclamación de asumir «con cargo a los presupuestos generales del Estado, la supresión de la subida anual acumulativa del 1% de los peajes prevista en el Real decreto 1733/2011»

El octavo punto insta a «asumir las obligaciones económicas y financieras en caso de que se declarara la nulidad de las prórrogas mediante las cuales se acordó la ampliación del período concesional»

El noveno pide «garantizar que en el momento en que se transfiera la competencia tenga efectividad la transferencia de los medios humanos, materiales y presupuestarios necesarios».

Un décimo apartado es el relativo a que el Gobierno «no supedite el alcance efectivo de la transferencia a las futuras negociaciones bilaterales en la comisión mixta de transferencias que puedan desvirtuar o limitar el mandato aprobado por el Parlamento de Galicia».

El décimo primero busca que «reconozca la plena capacidad de la Xunta de Galicia para la gestión integral de la infraestructura, incluyendo la planificación, explotación, conservación y definición de la política tarifaria de la autopista».

Y, como última pretensión, apela a que el Ejecutivo le remita «toda la información económica, jurídica y concesional vinculada a la AP-9, garantizando la máxima transparencia sobre las obligaciones derivadas de la concesión y de las sucesivas modificaciones aprobadas por el Estado a lo largo de las últimas décadas».

«Asimismo, el Parlamento de Galicia expresa, además, que cualquier modificación sustancial del texto aprobado por la unanimidad en esta Cámara supondría una ruptura del consenso político gallego conseguido alrededor de una infraestructura estratégica para Galicia», apostilla el texto que salió adelante solo con los votos a favor de los populares.

«IRRENUNCIABLE»

Por su parte, la conselleira incide en su misiva a Puente que «la necesidad de dar cumplimiento a este acuerdo resulta especialmente relevante para el Gobierno de la Xunta de Galicia, por tratarse de una infraestructura estratégica para Galicia, esencial para la vertebración territorial, la movilidad de personas y mercancías y la competitividad económica de la comunidad».

«Resulta imprescindible, por tanto, que esa transferencia se produzca con todas las garantías jurídicas, económicas y financieras necesarias, de modo que Galicia no tenga que asumir cargas, obligaciones o responsabilidades derivadas de decisiones adoptadas previamente por la Administración General del Estado, asegurando además la financiación estatal de las bonificaciones vigentes, la suficiencia de medios materiales, humanos y presupuestarios y la plena capacidad de gestión de la infraestructura por parte de nuestra comunidad», destaca.

Allegue traslada al titular de Transportes que la Xunta considera «irrenunciable el respeto íntegro al alcance y contenido de la proposición de ley orgánica aprobada por unanimidad por la Cámara gallega, evitando cualquier reinterpretación, limitación o condicionante que pueda desvirtuar el mandato emanado de la representación democrática de Galicia».

Aprovecha para enviarle un «cordial saludo» y ofrecerle, «una vez más», su «entera disposición» para «intercambiar impresiones» acerca de esta u otras cuestiones de interés para Galicia.