La Xunta propone ejecutar «de forma provisional» una planta de tratamiento de aguas para tratar las pluviales, que «luego sí que podría ser reutilizada en una posible futura explotación» en San Fins, en Lousame (A Coruña).

Así lo ha señañado el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández, a preguntas de la diputada del BNG Rosana Pérez, a quien ha presentado esta opción como la más «razonable y eficiente», frente a lo que, a su juicio, los nacionalistas «pretenden», que «es que se restaure primero la mina».

«La realidad es que existen técnicas de depuración que permiten alcanzar los parámetros de vertido compatibles con la buena calidad del medio receptor», ha apuntado el alto cargo.

Una «futura explotación» que, según ha agregado, «debería, llegado el caso, ser tramitada y autorizada, si procede». «Así que no hagamos demagogia con esto», ha resuelto.

Asimismo, el responsable de minas de la Xunta ha advertido de que el Bloque «está dando por sentado que habrá explotación», tras la convocatoria de concursos. «El BNG debe de ser vidente, porque, sin haber proyecto, ya sabe que no va a ser viable», ha ironizado.

A mayores, ha afirmado que «la realidad es que no hay información alguna sobre cualquier posible correlación sobre la influencia de los vertidos de la mina de San Fins en la calidad de las aguas, sedimentos y recursos marisuqeros de la ría de Muros de Noia».

«Igual que también es cierto que, del mismo modo que hubo una autorización de vertido otorgada que se revocó por incumplimiento de la ejecución de la depuradora solicitada, este se otorgó con las máximas garantías en base a la consideración de que existen técnicas de depuración», ha agregado.

«ÚNICA GRAN EMPRESA»

Por su parte, Rosana Pérez ha incidido en que «en la comarca de Muros e Noia prácticamente la única gran empresa que existe es la ría», y ha puesto en duda los empleos que pueda crear una eventual explotación.

Además, ha recordado que la autorización de vertido «fue denunciada ante la administración por la cofradía de Noia, por los colectivos ecologistas y por otras organizaciones». «Pero la administración desoyó completamente a esos colectivos y continuó para delante, hasta que pocos meses después no quedó más remedio que constatar y que reconocer que se estaban produciendo, tal y como se había denunciado, puntos no autorizados y con concentración de cadmio y otros metales», ha incidido.