Vecinos del «kilómetro cero» del proyecto de la mina de Touro-O Pino denuncian que la Xunta no los reconoce como parte interesada del «macroproyecto», en lo que tachan de «oscurantismo» por parte de la Administración gallega. De tal forma, avanzan que recurrirán esta decisión.

En rueda de prensa en la compostelana sede del Sindicato Labrego, Ricardo Ares Louzao ha explicado que es un vecino afectado que vive en Arinteiro (Loxo, Touro) a «200 metros» del proyecto, en donde van a tener una balsa de «120 hectáreas por encima» de ellos, pero critica las «trabas» de la Xunta para reconocerlo como parte interesada, a quien se le deniega este derecho. «Y las tierras me las llevan todas», critica.

Expone que en su casa hay personas mayores y tiene claro que allí «no pueden vivir» si sale adelante la mina, con manantiales que vienen de toda la zona de explotación. Relata que habrá afectación a toda una zona de explotaciones que «quedan sin agua», las cuales «tienen que cerrar».

Así, Ricardo recuerda que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. estuvo en Loxo visitando la zona, por lo que le invita a su vivienda –«el café se lo pongo en casa», ha dicho– para conocer su problemática. «Que tenga un poco de dignidad y hable con los vecinos», agrega.

«LA ADMINISTRACIÓN NO ES IMPARCIAL»

Al respecto, Marta Curros Ferro indica que en las últimas semanas han comenzado a llegar notificaciones de la Xunta en las deniega el derecho a los vecinos a ser parte en los procedimientos administrativos, y todo ello a pesar de residir en el lugar o contar allí con inmuebles. Censura lo que identifica con una vulneración que les genera indefensión, ya que son ellos los que van a sufrir los problemas por el polvo en suspensión o las voladuras. Incluso alerta de que no se reconoce ser persona afectada a aquellos que sufrirán expropiaciones.

Además, Marta Curros carga contra el «abuso» de rechazar ahora a personas que fueron ya reconocidos como interesados en 2017. Hace hincapié en que el proyecto ya fue tumbado en 2021 por el Gobierno gallego por falta de garantías ambientales y que ahora tan solo cuenta con «pequeñas» modificaciones para darle luz verde.

«La administración no es imparcial; está de parte de la empresa promotora, no de los vecinos», resume. Acusa a la Xunta de buscar «desarmar la oposición social a la mina», por lo que no les queda otra que recurrir a «la vía administrativa o a la presentación de un contencioso». Reprueba que «no están respetando los derechos de los vecinos» y «no están haciendo minería moderna», pues solo se busca «mayor rentabilidad y nada más».

Mientras, la secretaria xeral del Sindicato Labrego, María Ferreiro, agradece a los vecinos «dar la cara en estos procesos que muchas veces son tan duros». Ensalza su «dignidad» porque «se están vulnerando los derechos de las personas a 200 metros de la mina», en lo que califica de «oscurantismo» del Ejecutivo autonómico.