La CIG ha presentado denuncia ante Inspección de Trabajo contra la empresa de maquinaria industrial Demaq Galicia en la que falleció un joven de 24 años, que estaba en prácticas, tras caerle encima un tubo de 500 kilos en una nave en Vilalba (Lugo) el pasado 6 de mayo.

En un comunicado, el sindicato demanda que se realicen las diligencias de investigación necesarias para «esclarecer las causas y depurar responsabilidades» e informa de que se personará como acusación particular en la causa judicial abierta.

«Existen indicios claros de que la empresa no cumplía con la ley de prevención de riesgos al no garantizar una protección eficaz y la integridad física del operario; y además no está acreditado que el trabajador hubiese recibido la formación teórica y práctica necesaria sobre los riesgos específicos del puesto que desempeñada», afirma la CIG.

Señala que el joven estudiaba una FP dual y falleció mientras realizaba tareas de ensamblaje y manipulación de estructuras metálicas de gran tonelaje. Y apunta que esto ocurre mientras el convenio de colaboración subscrito por la Xunta y la empresa indica la obligación de que el alumnado «tenga superada la formación en prevención antes de iniciar las prácticas», y, «habida cuenta del plan de estudios del ciclo, parece claro que el trabajador no contaba con la formación específica para los riesgos reales que encontró: trabajar con piezas de 500 kilos».

«Este hecho constituye una negligencia tanto en la supervisión de la empresa como en la coordinación con el centro. A esto se suma que las tareas de alto riesgo y carga física que realizaba el operario en el momento del accidente no se corresponden con las funciones previstas en el plan de formación e incluso la evaluación de riesgos de la compañía no contempla la posibilidad de que personas en prácticas realicen este tipo de actividades de alta peligrosidad», advierte.

Asimismo, la CIG censura que este caso supone «el ejemplo más dramático y grave» de lo que implica actual concepción de la formación actual: «Reducir la calidad educativa, avanzar en la privatización de la enseñanza y, sobre todo, suministrar las empresas de mano de obra barata sin garantizar la protección ni los derechos laborales básicos del alumnado en prácticas».