El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha convocado para este jueves a las comunidades autónomas a la conferencia sectorial para aprobar la distribución de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, ya acordados con las comunidades autónomas, con el objetivo de desplegar a partir del segundo semestre los efectos del plan. Galicia dispondrá de 399 millones, según los datos del departamento.

El plan está dotado con hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, y blinda las viviendas públicas con carácter permanente. Establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

La propuesta del ministerio es mantener los criterios de reparto utilizados en el anterior Plan Estatal, según han informado fuentes del Departamento gubernamental, que confía en llegar a un acuerdo con todas las comunidades autónomas que permita desplegar «cuanto antes un plan esencial para resolver el principal problema de la ciudadanía».

El plan contempla destinar el 40% de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

Además, el plan introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado.

NO ESPECULACIÓN CON VIVIENDA PÚBLICA

Este plan nace bajo el «paraguas» de la Ley por el Derecho a la Vivienda y persigue tres objetivos: construir, rehabilitar y proteger.

Para ello, el Gobierno blinda la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella, condicionando la financiación de viviendas a que estas sirvan siempre al interés general; incorpora la cláusula antifraude en las adjudicaciones y ofrecerá datos públicos sobre el mercado de la vivienda para que no provengan de «portales privados con intereses privado».

Además, en un ejercicio de gobernanza participativa, el Consejo Asesor de Vivienda analizará el cumplimiento de este plan con carácter anual.

Asimismo, según indicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el plan también realizará una labor fiscalizadora de todas las administraciones para que el Ejecutivo central no pierda el control del desarrollo de las viviendas que son financiadas con dinero público a través de articular canales de transparencia y de acción con carácter semestral para poder hacer seguimiento.

ESFUERZO POR CC.AA.

En términos absolutos, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, al alcanzar los 1.197 millones de euros, lo que supone un incremento de 877 millones respecto al plan previo. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (+815 millones), y Cataluña, con 1.015 millones (+473 millones).

Por su parte, Castilla y León contará con 378 millones de euros del presupuesto, tras sumar 277 millones adicionales, mientras que Canarias alcanzará los 371 millones (+272 millones). Galicia dispondrá de 399 millones, con un aumento de 293 millones, mientras que Castilla-La Mancha, recibirá 280 millones (+205 millones).

A Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (+558 millones); Aragón, 266 millones (+195 millones); a Islas Baleares, 168 millones (+123 millones); y a Asturias, 231 millones (+175 millones). La Región de Murcia recibirá 308 millones, lo que supone un incremento de 258 millones.

A Cantabria le corresponderán 133 millones (+98 millones); a Extremadura, con 210 millones (+154 millones); y La Rioja, 266 millones (+195 millones).

Respecto a las ciudades autónomas, Ceuta contará con una dotación de 7 millones de euros, lo que representa un aumento de 4,7 millones, mientras que Melilla dispondrá igualmente de 7 millones, con un incremento de 2,8 millones respecto al periodo anterior.