El astillero vigués Cardama explora la vía del arbitraje internacional ante el conflicto con el Estado de Uruguay por la rescisión del contrato de las dos patrulleras.

De esta manera, previsiblemente será la Corte Internacional de Arbitraje, ubicada en París, la que decidirá si la compañía o el Gobierno uruguayo tenían la razón tras la cancelación unilateral del contrato que ascendía a más de 80 millones de euros.

El propio secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, ha informado que Cardama anunció esta posibilidad, considerándola «débil» porque «no agotó la vía nacional». «Rescindir el contrato conllevó a que Cardama no recurriera esa decisión», ha recordado.

Sánchez también ha indicado que el Ejecutivo del país americano negocia la retirada de la parte de los barcos ya construida, considerando que es de su propiedad porque el Estado uruguayo pagó unos 22 millones al astillero.

CONTRATO

Todo ello después de que el Gobierno de Uruguay rescindiese el contrato para la construcción de dos patrulleras firmado con Cardama por «incumplimientos contractuales graves».

El propio presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, expuso en su día su versión de lo ocurrido, explicando que su Gobierno uruguayo tuvo conocimiento de estos «incumplimientos» cuando se procedió a renovar la garantía de fiel cumplimiento necesaria. «Nos encontramos que esa garantía no existía o peor aún, era un documento falso», apostilló.

A partir de ahí, se comenzó una investigación, encontrando también irregularidades en otra de las garantías, la de reembolso.

Para el presidente, estas dos garantías eran «elementos sustanciales» para que el contrato entrase en vigor y, sin embargo, no eran válidas.

«Después de recorrer este camino y ofrecerla a la empresa la oportunidad de resolver y caminar juntos, llegado este momento decidimos iniciar cuatro acciones: la primera, rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves con la empresa Cardama e iniciar acciones por daños y perjuicios», dijo Orsi, anunciando acciones para recuperar el patrimonio del Estado y definir responsabilidades.

Y es que cabe recordar que este contrato suponía la construcción de dos patrulleras de vigilancia oceánicas tipo OPV (‘offshore patrol vessel’) por alrededor de 82 millones de euros. Fue el pasado mes de octubre cuando Uruguay anunció que rescindiría el contrato al hallar «fuertes indicios de fraude o estafa al Estado».