La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha alertado de que seis de cada diez autónomos gallegos se encuentran en una situación de «exposición elevada» ante ataques digitales debido a una digitalización acelerada que «no está viniendo acompañada» de los recursos, la formación y las herramientas de protección necesarias.

Asimismo, desde la organización han advertido de que la digitalización obligatoria «está aumentando la vulnerabilidad» de los negocios más pequeños, «especialmente» entre los profesionales de mayor edad y sin estructura empresarial.

En este sentido, según los datos, más del 18% de los trabajadores por cuenta propia en Galicia tiene 60 años o más, lo que supone unos 38.500 autónomos y evidencia, como han explicado desde UPTA, el «fuerte» envejecimiento del colectivo, incrementando las dificultades de adaptación ante procesos tecnológicos «cada vez más complejos».

A esta realidad se suma que cerca de 180.000 autónomos gallegos no tienen asalariados, lo que limita su capacidad para contratar soporte técnico, implantar sistemas de protección o recibir asesoramiento especializado.

Así, esta problemática se agrava, según han explicado, en sectores como el comercio, la hostelería, el transporte o la agricultura, donde el avance de la facturación electrónica y los pagos digitales está dejando al descubierto «importantes carencias» en materia de ciberseguridad.

Desde UPTA han denunciado, además, que la digitalización impulsada en los últimos años «no ha venido acompañada de una estrategia real» de protección tecnológica adaptada a la realidad del trabajo autónomo, lo que genera, han explicado, una brecha «generacional y formativa».

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha señalado que el avance tecnológico «no puede convertirse en una amenaza» y que los autónomos están asumiendo procesos de digitalización obligatorios «sin las herramientas necesarias» para defenderse de fraudes, robos de datos o ataques informáticos.

«No podemos permitir que la modernización se haga dejando atrás la seguridad de quienes sostienen gran parte de la economía de este país», ha sentenciado Abad, quien ha reclamado que las nuevas obligaciones vengan acompañadas de «recursos suficientes».

Por ello, la organización considera «imprescindible» que las administraciones acompañen el proceso de digitalización con inversión en formación, asistencia técnica y mecanismos de protección eficaces.