La presidencia de la mesa de diálogo social de Galicia corresponderá a la persona titular de la consellería con las competencias en materia de empleo, según recoge el decreto que regula este foro, que publica este viernes el Diario Oficial de Galicia (DOG).

En los casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra causa legal que impida el desarrollo de sus funciones, el titular de la presidencia de la mesa de diálogo social será sustituido por el titular de la Vicepresidencia.

Además, este decreto recoge que la presidencia honorífica de la mesa de diálogo social recaerá en el presidente de la Xunta, que podrá asistir a las reuniones del pleno «con voz pero sin voto».

El texto incide en que «una característica destacada de las sociedades más modernas y avanzadas en la actualidad esla institucionalización del diálogo social entre las distintas entidades territoriales y los agentes económicos y sociales representados por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas».

DICTAMEN DEL CONSELLO DE RELACIÓNS LABORAIS

En Galicia, la CIG es el sindicato con más representatividad entre los trabajadores gallegos, por delante de UGT y CC.OO., pero no participa en el diálogo social desde 2006 y tampoco ha estado presente en las reuniones para elaborar este decreto.

De hecho, el dictamen del Consello Galego de Relacións Laborais sobre este decreto recoge la opinión de la central nacionalista de que «es innecesario» pues «existen en Galicia órganos tripartitos legalmente constituidos que ejercen funciones análogas».

Para esta organización sindical, de hecho, el diálogo social «introduce una duplicidad institucional innecesaria, generadora de confusión en sus competencias y de ineficiencia administrativa», además de tener una «dependencia excesiva de la Administración».

Por su parte, UGT y CC.OO., junto a CEG, señalaron en dicho dictamen que abogan por que este órgano sea «espacio de concertación, negociación y participación efectiva (…), evitando configuraciones que puedan derivar en un órgano meramente consultivo o subordinado a la iniciativa exclusiva de la Administración».