La disputa familiar por el relevo del empresario Andrés Quintá, que padece deterioro cognitivo, como socio mayoritario del ‘holding’ del aluminio Gestión Corporativa Quintá –dueña de Extrugasa, Galipán y Extrusionados Galicia– llega la próxima semana a los tribunales.

En concreto, Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel –y 1.200 euros por el perjuicio moral– contra tres acusados por obstrucción a la justicia: su abogado y «hombre de máxima confianza en el ámbito jurídico durante años», una nieta y otra persona allegada a la familia.

Por un lado, el caso se remonta a agosto de 2024, cuando Quintá presentó una querella contra tres de sus hijos y contra su asesor personal por «haberse apropiado de sus empresas» y su posición dominante sobre ellas. Los cuatro fueron citados por un juzgado de Caldas de Reis (Pontevedra) para el 14 de abril de 2025. Sin embargo, cuatro días antes, el empresario retiró la renuncia a instancia de las tres personas de su entorno ahora acusadas.

Según el relato de la acusación, el 10 de abril de 2025, los tres acusados, «sabedores de la existencia del procedimiento que se tramitaba en el Juzgado número 2 de Caldas de Reis y conociendo el deterioro cognitivo» de Andrés Quintá, «aprovechándose también de la confianza del mismo, puestos previamente de acuerdo, influyeron en su ánimo e insistieron hasta que lograron convencerle para que firmase un escrito de renuncia a las acciones penales que había emprendido».

PRESIÓN PARA RENUNCIAR A LA DENUNCIA CONTRA SUS HIJOS

Así, para «evitar» que el dueño de Extrugasa, con sede en Valga (Pontevedra), «pudiera cambiar de idea o pudiera buscar asesoramiento sobre las consecuencias de dicha renuncia» lo llevaron en su vehículo a la sede del juzgado de Caldas de Reis y le privaron del uso del teléfono móvil durante el trayecto inicial de Pontecesures a Pontevedra para recoger a uno de los acusados en su despacho asesoría y también en el posterior trayecto de Pontevedra a Caldas.

Acto seguido, «le insistieron» para firmar «de forma apresurada» un escrito de renuncia a las acciones penales derivadas de los hechos denunciados. Cuando llegaron al juzgado uno de los ahora acusados entregó al funcionario el escrito de renuncia firmado y allí, con los tres acusados a su alrededor, el denunciante firmó un acta de comparecencia en la que se recogía la presentación del escrito de renuncia a las acciones penales.

Durante todo el trayecto los acusados «no dejaron solo en ningún momento» al hombre ni le permitieron usar el teléfono móvil, por los que no pudo hablar en ningún momento con su actual letrado. Ante esta renuncia, el juzgado acordó el archivo de la causa contra sus tres hijos y no se les practicaron declaraciones judiciales.

Fiscalía sostiene que, para lograr sus propósito de que renunciase a la denuncia, los tres acusados «le presionaron con su presencia utilizando además para ello sus relaciones personales y de confianza».

Por todo ello, ahora la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge este jueves, 23 de abril, la audiencia preliminar –previa a juicio oral–.