El umbral de acceso a vivienda pública en Galicia subirá para las unidades familiares de dos y tres miembros en aproximadamente 1.200 euros brutos mensuales. Este límite pasará a equivaler a hasta 4 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y de hasta 4,5 veces para las familias de 5 o más miembros, para las que esta subida será de más de 1.500 euros.
«En el contexto en el que nos encontramos y con las dificultades de acceso que existen, estos parámetros tenían que ser claramente modificados», ha justificado la conselleira de Vivienda e Planificación de Estruturas, María M. Allegue. Esta es una de las tres medidas que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, adelantó en el Debate del Estado de Autonomía (DEA) y que la responsable autonómica se ha encargado de desgranar este miércoles.
Además de esta flexibilización sobre la renta, el Gobierno gallego ha acordado reservar el 30 % de las viviendas públicas en venta a personas de entre 36 y 45 años y bonificar al 100 % el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) para todos los inmuebles protegidos de hasta 120 metros cuadrados, cuyo coste será ahora de 0 euros.
De este modo, Allegue ha remarcado que, con estos anuncios, «más familias gallegas tendrán acceso a la vivienda pública» que depende de la Administración autonómica. Aún es pronto para saber cuántas se verán finalmente beneficiadas, aunque Allegue espera que el incremento sea «considerable» con medidas como la subida del límite del IPREM.
Para acceder a estas viviendas, es necesario estar inscrito en el registro de demandantes –donde hay ya 30.000 personas registradas– y, a su vez, cumplir tres requisitos: no tener una vivienda en propiedad; residir o trabajar en el Ayuntamiento en el que se demande el hogar, y no superar un límite de ingresos.
Hasta esta modificación, una pareja no podía exceder de los 2.000 euros y una con un hijo, de los 2.250 euros, lo que equivalía en ambos casos a 3 veces el IPREM. Este límite subirá hasta los 3.200 y 3.529 euros, respectivamente, al situarse en hasta 4 veces este indicador. El incremento será mayor aún en el caso de las familias numerosas, cuyo umbral subirá a hasta 4,5 veces el IPREM: de 2.571,43 a 4.154 euros.
CUPOS POR EDAD
Por otra parte, en el caso de las viviendas destinadas a la venta, se introducirá la reserva del 30 % para personas entre 36 y 45 años con hijos. Esto se corresponde a que, en los sorteos de cada promoción, se harán cupos en función del número de habitaciones y composición de la unidad familiar.
En concreto, esta reserva añadida se suma a la existente de un 25 % para menores de 36 años y a un cupo general restante del 45 %, donde participará todo el mundo. Quien resulte adjudicado en un cupo quedará excluido de los demás. En lo que respecta a los inmuebles en alquiler, habrá dos cupos: la reserva del 40% para menores de 36 años y el 60% restante para todos los inscritos.
4.000 VIVIENDAS PÚBLICAS EN MARCHA
Estas medidas se encuadran dentro de la ampliación del parque público de vivienda que está ejecutando el Gobierno gallego, que en esta legislatura se ha propuesto duplicarlo hasta las 8.000 viviendas. Estas 4.000 de nueva construcción ya están «en marcha», ha asegurado la conselleira.
«Serán indefinidamente públicas, con independencia de que sean adjudicadas en régimen de alquiler o de venta», ha recordado. En su mayoría, serán entregadas entre 2027 y 2028 –año de remate de la legislatura–, aunque algunas estarán listas este mismo año.
En concreto, ha aludido a 74 viviendas en Valdecorvos, en Pontevedra, y a otras 60 repartidas entre parcelas de Lamas de Abade y O Castiñeiriño, en Santiago de Compostela. Allegue ha marcado el fin de obra en mayo para ambos casos. Una vez esto suceda, quedarán los trámites administrativos correspondientes, como los suministros eléctricos y de consumo de agua.
En este contexto, la conselleira ha agradecido la colaboración del sector y de los ayuntamientos. Sin embargo, ha cargado contra el Gobierno central, al que ha apremiado a aprobar el Plan Estatal de Vivienda, que –en sus palabras– supone el «bloqueo» de 80 millones de euros.
