El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha reivindicado este martes en Santiago la nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social como la culminación del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con «un sector clave» –al que están ligados alrededor de 25.000 empleos– para el desarrollo económico y social de Galicia.
Lo ha hecho tras mantener una reunión con el presidente de la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais sen Ánimo de Lucro (Cegasal), Mino Martínez, y con el director general de Cogami Empresarial, Víctor Silva, que ha finalizado con una visita a las instalaciones de Coregal, una empresa de economía social dedicada a la recogida, clasificación, tratamiento, gestión y valorización de los residuos, con el propósito de promover la circularidad mediante su reducción, reutilización y reciclaje.
En declaraciones a los medios, el delegado ha enfatizado que la entrada en vigor de esta ley supone «un paso fundamental para la economía social», al tratarse de una norma que «nace del diálogo» con el sector a lo largo de más de cuatro años y que responde a sus necesidades. «Pese a no tener la unanimidad de todos los grupos, sí tengo que poner en valor que lleva el acuerdo unánime del sector», ha recalcado.
En este sentido, ha defendido que la ley permitirá avanzar en la regulación del sector, reforzar la contratación pública reservada y luchar contra el intrusismo, clarificando qué entidades forman parte de la economía social.
Además, ha enfatizado el compromiso de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con el impulso de esta norma y «el apoyo continuado» al sector.
INICIATIVAS
Pedro Blanco ha destacado el apoyo del Gobierno a la economía social en Galicia a través de iniciativas como el Perte de la Economía Social, que ya está impulsando proyectos en la comunidad con una aportación de 4,7 millones de euros, contribuyendo al desarrollo de un tejido económico «más inclusivo y sostenible».
Asimismo, ha subrayado el respaldo del Gobierno a las políticas autonómicas en este ámbito, señalando que el Gobierno «financia íntegramente los programas de la Xunta vinculados a la economía social, con una inversión de 8 millones de euros anuales». Entre ellos, citó el ‘Bono Consolida’ de la economía social, el programa ‘APROL Economía Social’ y las ayudas para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades del sector.
LAS PERSONAS, «EN EL CENTRO»
El delegado también ha destacado el papel de la economía social como «un modelo económico alternativo, más justo y con gran huella en el rural», así como la contribución de las entidades que lo integran.
En este sentido, ha agradecido el trabajo desarrollado por Cegasal y por iniciativas como Coregal, destacando a labor de Mino Martínez y de Víctor Silva y su apuesta por la colaboración con el Gobierno en beneficio de la sociedad y de la economía gallega. Asimismo, subrayó que detrás de estas empresas hay personas, proyectos de vida y oportunidades y «este Gobierno siempre estará apoyando un modelo que pone a las personas en el centro de la economía».
«ESTAMOS DE CELEBRACIÓN»
«Llevamos unos días de celebración», ha aplaudido el presidente de Cegasal, Mino Martínez, quien ha agradecido la visita del delegado del Gobierno a Coregal y ha destacado que considera «importantísimo» que la ley de economía social haya salido adelante.
«Llevábamos años peleando dentro del sector tanto a nivel autonómico como a nivel nacional para que se aprobase», ha esgrimido, convencido de que supondrá «un antes y un después» en la definición de los centros especiales de empleo de iniciativa social sin ánimo de lucro.
«Nos va a permitir poder seguir avanzando, mantenernos y crecer», ha asegurado, satisfecho por que se avance en la regularización que «diferencia» las entidades sin ánimo de lucro e iniciativa social «de las entidades privadas».
Víctor Silva ha secundado el sentimiento de «celebración» por la ley de conomía social, «importantísima» para los centros especiales de empleo de iniciativa social y sin ánimo de lucro. «La ley pone claridad y seguridad jurídica en una realidad que hasta ahora era muy confusa», ha argumentado.
