El Tribunal de Cuentas ha exigido a la Secretaría General de Fondos Europeos, órgano adscrito al Ministerio de Hacienda encargado de gestionar los fondos procedentes del Plan de Recuperación, un mayor control y seguimiento sobre cómo se administran estos recursos en las diferentes entidades de la Administración Pública.

Se trata de una recomendación que el organismo fiscalizador plasma en su informe de fiscalización sobre el grado de ejecución de los programas de gasto del Plan de Recuperación relativos al área dos de los Presupuestos Generales del Estado, que engloba actuaciones de protección y promoción social para los años 2022 y 2023.

El organismo ha fiscalizado a doce entidades en su actuación: los ministerios de Trabajo y Economía Social, Sanidad, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Igualdad; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Educación, Formación Profesional y Deportes y Vivienda.

También ha fiscalizado la actividad en ese ámbito del Fondo de Garantía Salarial, el Servicio Público de Empleo Estatal, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Instituto de las Mujeres y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

INSTRUCCIONES QUE NO SE IMPLANTAN

En las conclusiones de su informe, la institución presidida por Enriqueta Chicano ha alertado de algunas deficiencias en la gestión de los recursos, de modo que las entidades fiscalizadas han presentado un bajo grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa del Plan de Recuperación en materia de programación contractual, autoevaluación e instrucciones de gestión, y no han implantado, con carácter general, las medidas organizativas previstas de forma facultativa en dicha normativa.

Además, el Tribunal apunta que las entidades han optado por soluciones excepcionales de provisión de personal para cubrir las necesidades derivadas del Plan de Recuperación en lugar del mecanismo preferente de reorganización de efectivos, sin justificación suficiente.

Las entidades, dice el organismo fiscalizador, han presentado «deficiencias» en el seguimiento de la ejecución del Plan de Recuperación y en la implantación de medidas de control cuando la ejecución de los proyectos corresponde a otras entidades territoriales, lo que en opinión del Tribunal «compromete la trazabilidad y el control global de la ejecución del plan».

El Tribunal de Cuentas también ha puesto en el foco al sistema CoFFEE, destinado a facilitar la coordinación y monitorización del Plan de Recuperación, puesto que durante la fiscalización no se encontraba plenamente operativo.

DOS DE CADA TRES PROYECTOS, FUERA DE PLAZO

A renglón seguido, el organismo apunta que el 64,3% de los proyectos correspondientes a los programas de gasto del área dos analizados no habían concluido su ejecución a pesar de que de tenían que estar finalizados a fecha de realización de esta fiscalización

Asimismo, el 36,84% de los hitos y objetivos asociados a las medidas analizadas no se habían cumplido en el plazo previsto en la decisión de ejecución del Consejo de la UE por la que se aprueba el Plan de Recuperación, vigente en el momento de realización de estos trabajos de fiscalización.

Con todo ello, la institución recomienda que todas las entidades decisoras y ejecutoras del Plan de Recuperación «deben extremar el rigor en el seguimiento y control» de la ejecución del Plan, acelerando el ritmo de su implementación, para que España pueda cumplir con sus compromisos y asegurar el desembolso completo de los fondos comprometidos.

También aconseja a la secretaría general de Fondos Europeos, como autoridad responsable del Plan de Recuperación, adoptar las medidas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema CoFFEE, así como fijar sistemas de coordinación con las entidades gestoras del Plan de Recuperación y de seguimiento de la actividad desarrollada por estas, de manera que se garantice un efectivo control de la ejecución del Plan.