La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha abogado por la universalización de las leyes de mercado abierto autonómicas, la puesta en marcha del ‘Régimen 20’ y la armonización sectorial estatal, ante el problema estructural que supone la fragmentación regulatoria para la economía española.

Fedea ha publicado este lunes un análisis de Judith Arnal sobre el mercado interior de España, después de que la Comisión Europea haya sido particularmente insistente en identificar la fragmentación del mercado interior como uno de los lastres estructurales de la economía española.

«España, con más de 8.000 municipios, 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, presenta un problema estructural de fragmentación regulatoria que debilita su mercado interior y lastra la productividad», ha advertido la autora del informe.

Según se recuerda en el informe, la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), una norma basada en principios inspirada en la tradición regulatoria anglosajona, intentó abordar este problema, pero el Tribunal Constitucional anuló su principio de eficacia nacional. El trabajo de Fedea argumenta que, tras la sentencia, la construcción efectiva del mercado interior español ha quedado fundamentalmente en manos de las comunidades autónomas.

La Comunidad de Madrid fue pionera en 2022 al aprobar su Ley de Mercado Abierto, un modelo de reconocimiento mutuo unilateral de eficacia amplia, al que se han sumado la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Cantabria, mientras que Aragón y La Rioja lo tramitan actualmente.

En paralelo, otras comunidades autónomas, como Andalucía y Extremadura, han optado por configuraciones más limitadas basadas en el criterio de «supuestos equivalentes», y territorios como Baleares o Castilla-La Mancha han impulsado reformas de simplificación administrativa de amplio alcance, aunque sin incorporar un principio estructurado de eficacia extraterritorial.

Según Arnal, si las diecisiete comunidades autónomas adoptaran una ley de mercado abierto con reconocimiento mutuo pleno, el resultado práctico sería equivalente al principio de eficacia nacional que el Tribunal Constitucional anuló en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, pero construido desde abajo, sin imposición estatal y, por tanto, constitucionalmente irreprochable.

Cada comunidad autónoma renunciaría unilateralmente a exigir sus propios requisitos de acceso cuando el operador ya está habilitado en otro territorio.

Así, una empresa instaladora, una consultora o un prestador de servicios digitales legalmente establecidos en una comunidad autónoma podrían operar en el resto del territorio sin repetir procedimientos formales, registros o autorizaciones equivalentes. «Ello reduciría de manera significativa los costes de entrada, los tiempos de tramitación y la incertidumbre regulatoria», ha asegurado la experta.

En este sentido, el informe apunta a que la universalización de las leyes de mercado abierto no haría innecesaria la intervención estatal, pero sí reduciría significativamente su alcance potencial, concentrando la necesidad de armonización en aquellos ámbitos territorialmente anclados o donde la coordinación normativa resulte imprescindible por razones de interés general.

Por ello, la autora considera que el enfoque más adecuado parece ser una combinación de leyes de mercado abierto, Régimen 20 y legislación sectorial estatal.

«La universalización de las leyes de mercado abierto puede proporcionar rapidez; el Régimen 20, convergencia técnica; y la armonización normativa sectorial estatal, estabilidad y coherencia en ámbitos críticos», concluye el estudio.