El Ayuntamiento de Vigo reclamará a Autopistas del Atlántico S.A. (Audasa), concesionaria de la AP-9, el pago del 100% del impuesto de bienes inmuebles (IBI) que no abonó entre agosto y diciembre de 2023, una deuda que asciende a 138.345 euros.
«Vamos a cobrarles hasta el último céntimo», ha avisado el alcalde, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios este sábado. Esta situación se debe a que, en el último trimestre de 2023, aplicó una bonificación vencida en agosto, «aún sabiendo que ya estaba suprimida», en palabras del regidor.
Esta circunstancia no se ha dado solo en Vigo. De hecho, la semana pasada, se conoció la primera sentencia que ordena a la empresa realizar el pago del IBI completo en este mismo periodo; en este caso, favorable para el Ayuntamiento de Valga.
Su alcalde, José María Bello Maneiro, emitió una resolución en mayo de 2024 en la que reclamaba este importe. Audasa presentó un recurso contencioso-administrativo a una primera desestimación de otro recurso presentado y, en un fallo del 2 de marzo de este año, el Tribunal de Instancia de Pontevedra dio la razón al Ayuntamiento.
Aunque a esa sentencia cabe recurso de apelación, obliga a Audasa a abonar los 59.284 euros adeudados e indica que «sabía perfectamente años atrás» –porque así lo marca un Real Decreto– que la bonificación vencía el 19 de agosto de 2023. Entonces, el regidor de Valga ya avisó de que el fallo «abre camino para el resto» e invitaba a municipios afectados a seguir sus pasos.
El anuncio de la reclamación de Vigo llega una semana después. «Si Audasa cree que vamos a dejar de cobrar esta cantidad de dinero, está absolutamente equivocada», ha asegurado Caballero, que ha indicado que en 2024 y 2025 la empresa sí abonó la cantidad correspondiente. «Este retraso lo va a pagar a tocateja», ha concluido.
