La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado una modificación en la regla de gasto público que tienen las comunidades autónomas para poder flexibilizar el acceso de los territorios al superávit que generan.

Ese cambio de la regla de gasto es una petición que el senador Fabián Chinea, de la Agrupación Socialista Gomeram, que ha planteado a la vicepresidenta en la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta. En concreto, Chinea plantea la posibilidad de flexibilizar la regla de gasto para las administraciones de aquellas comunidades autónomas que, como Canarias, disfrutan de una situación financiera saneada y un bajo nivel de endeudamiento.

Montero ha argumentado que el Gobierno puede estar abierto a que haya situaciones en las que las comunidades utilicen los remanentes que les quedan del presupuesto para determinadas inversiones, pero ha descartado la modificación en sí de la definición de los parámetros fiscales dictados en los reglamentos europeos y en la ley de estabilidad financiera.

«Ni corresponde al Gobierno de España ni tampoco nos autorizaría Europa a que tengamos reglas de gasto con conceptos distintos dependiendo de cuál es la administración a la que la estemos aplicando», ha argumentado durante su comparecencia.

La titular de Hacienda también ha defendido que el interés de la regla de gasto es que haya una coherencia y no haya un riesgo o una «tentación» de que determinados gobiernos, «en su coyuntura de gobierno, endeuden o hipotequen a generaciones de una manera que se considere que no haga sostenible ese gasto mantenido en el tiempo».

Asimismo, la vicepresidenta ha recordado que las reglas fiscales estuvieron suspendidas cuatro ejercicios con motivo de la pandemia, por lo que las autonomías pudieron usar el superávit acumulado «sin ningún tipo de cortapisa ni requerimiento» sobre el destino al que se destinaba ese dinero.

A renglón seguido, la ministra ha expuesto que mediante un decreto ley en 2025, con las reglas fiscales ya vigentes, se aprobó utilizar el superávit para destinarlo a inversiones financieramente sostenibles hasta 2027.