El sindicato CIG solicita una reunión con la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, para abordar el «futuro del naval vigués» tras la retirada de la concesión portuaria a Astilleros San Enrique (en la antigua Vulcano) y la rescisión del contrato de Uruguay con Cardama, y urge la puesta en marcha de un plan con medidas específicas para el sector.

En un comunicado, el sindicato nacionalista ha advertido de las consecuencias que la decisión del gobierno de Uruguay puede tener en el conjunto de la industria naval de la ría de Vigo, ya que se puede perder actividad, carga de trabajo y se pone en riesgo el mantenimiento de instalaciones vinculadas a la construcción naval.

Con respecto a San Enrique, tras la decisión del Consejo de Administración del Puerto de liquidar la concesión, la CIG ha pedido que se garantice la continuidad de las instalaciones para esta actividad.

La CIG ha alertado contra el «proceso de desmantelamiento» del naval en los últimos años, con pérdida de empleo y de empresas, por lo que ha vuelto a reclamar a la Xunta un plan industrial «que garantice el futuro del sector» en Vigo y en Galicia. «La construcción naval no puede dejarse solo de la mano de las dinámicas del mercado, ni de la capacidad individual de cada empresa: requiere una estrategia pública clara y las inversiones y planificación necesarias para garantizar la supervivencia de un sector ejemplo de capacidad productiva, empleo cualificado y soberanía industrial», ha subrayuado la central.

Al respecto, ha lamentado la «nula capacidad» de la Xunta para «aplicar políticas industriales eficaces» y han solicitado una reunión con María Jesús Lorenzana para demandarle «medidas concretas en defensa del naval, la continuidad de las instalaciones productivas y un plan industrial que garantice el futuro del sector».