El Gobierno gallego ha autorizado el inicio del trámite y de información pública del anteproyecto de la futura ley de administración local, que entre otras cuestiones, aspira a «clarificar competencias», abordar un nuevo sistema de financiación para las entidades locales y también impulsar nuevas fórmulas de cooperación. El objetivo es remitir la norma al Parlamento antes del verano.
Lo han explicado, al término de la reunión semanal del Consello de la Xunta, tanto el presidente autonómico, Alfonso Rueda, como el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que ha comparecido también ante los medios tras el encuentro semanal del Ejecutivo.
Los dirigentes gallegos han incidido en que la «capacidad» de la Xunta con respecto a la financiación local es «limitada», dado que «corresponde al Gobierno central actuar». En todo caso, la Xunta «reformulará» en el marco de sus competencias la parte de financiación que le corresponde.
Lo hará «introduciendo criterios» como la dispersión geográfica y el envejecimiento, en la línea de lo que el propio Gobierno que dirige Alfonso Rueda exige al Ejecutivo estatal para la financiación autonómica.
Calvo ha incidido en otras cuestiones, como en que se incrementarán los fondos incondicionados, de forma que se destinen dichos recursos para las necesidades que los ayuntamientos determinen; y se aumentará la garantía de mínimos a todos los ayuntamientos con respecto al actual sistema «en más de 20 millones de euros».
MÁS PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS AUTONÓMICOS
«Vamos a hacer que la participación de los ayuntamientos en los tributos autonómicos crezca, como mínimo, en el mismo porcentaje que evolucionan los ingresos de la comunidad», ha señalado.
«Lo que pretendemos es garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos y lo hacemos a través de transferencias a las entidades locales tanto con el Fondo de Cooperación Local (FCL) como con otras líneas de ayudas específicas», ha continuado el conselleiro.
FÓRMULAS «INNOVADORAS» DE COOPERACIÓN
La norma también aspira a «simplificar» la burocracia e impulsar de manera «definitiva» las nuevas tecnologías y la modernización de los procedimientos administrativos, así como a incorporar «fórmulas innovadoras» de colaboración y cooperación entre ayuntamientos.
Por ejemplo, según ya se había anticipado, se promocionarán las «áreas funcionales de carácter temporal», que permitirán la agrupación de ayuntamientos para facilitar la prestación de servicios conjuntos o actuaciones de interés común.
Igualmente, la norma apuesta por las mancomunidades y quiere «reforzar» el papel de las diputaciones provinciales como garantes de la autonomía municipal y de la «correcta» prestación de los servicios públicos municipales. Y aborda el declive poblacional, de forma que se definirán «cada año» los ayuntamientos que se encuentran en situación de reto demográfico.
