La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha denunciado este viernes la «falta de respeto» del Gobierno hacia el diálogo social, tras conocerse la propuesta de actualizar nuevamente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y ha calificado la medida como «puro intervencionismo».
Así, el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, tras afear que se hubiera «filtrado» la propuesta primero a los medios, ha advertido de que esta medida, incluidos incentivos fiscales elaborados por Hacienda para compensar los costes del alza del SMI, supone «condiciones inalcanzables y excluyentes para un gran número de empresas, lo que evidencia una falta de consideración hacia la realidad económica del tejido productivo».
La CEG ha censurado esta forma de proceder «al margen del diálogo social» porque es «puro intervencionismo» y «debilita el modelo de concertación» consagrado en la Constitución, además de «romper» con las prácticas de la negociación colectiva.
En ese sentido, han remarcado que la subida del SMI debe pactarse en el marco del diálogo social, y no adoptarse con «decisiones parciales o decretos ley impulsados unilateralmente» por el Gobierno, ya que «corren el riesgo de situar cargas adicionales y no compensadas sobre las empresas sin mejorar realmente las condiciones de competitividad».
La CEG ha señalado la importancia «fundamental» de los convenios colectivos y de los acuerdos scoiales para articular los incrementos salariales, de acuerdo «con las condiciones económicas de cada sector y de cada territorio».
De este modo, la patronal gallega se suma a la posición de CEOE y CEPYME, que han denunciado que no se han podido seguir los procesos mínimos de consulta propios del diálogo social, ya que no se ha recibido ninguna propuesta en firme en la mesa de negociación.
Juan Manuel Vieites ha advertido de que esta subida del SMI «es una trampa», porque el Ministerio de Trabajo pacta con los sindicatos «el cambio en las reglas de la compensación y absorción de los incrementos del salario mínimo, saltándose de nuevo el Estatuto de los Trabajadores y quebrando la negociación colectiva, lo que llevará a un incremento exponencial de los costes y asfixiará a gran número de empresas».
Finalmente, ha denunciado la «política del anuncio y la puesta en escena» del Gobierno central, y ha lamentado que la propuesta no permite compensar los costes asociados a la actualización del SMI planteada, de espaldas a lo compartido por todos los interlocutores del diálogo social bipartito en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva».
Por ello, «se deja fuera a todos los autonómos y a la inmensa mayoría de empresas de todos los sectores», excluyendo también a empresas en pérdidas, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro.
