La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha afirmado que la Xunta destinará este año alrededor de 2 millones de euros al sector ganadero para «prevenir y compensar los daños causados por el lobo».
Este miércoles, la responsable autonómica ha visitado una explotación en régimen extensivo de caballos en el Monte Coirego, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), y allí ha recordado que todavía está abierto el plazo para solicitar las distintas ayudas para la instalación, por ejemplo, de vallados fijos, pastores eléctricos, adquisición y mantenimiento de perros protectores y otros.
Según ha precisado Vázquez, a estas iniciativas están destinados cerca de 1,3 millones de euros. A mayores, la conselleira también ha recordado que el plazo para compensar los «daños causados por el lobo» sigue abierto hasta el 30 de septiembre de 2026, y que cuentan con un presupuesto de alrededor de 600.000 euros.
Así, ha incidido en que esta inversión es «especialmente importante» teniendo en cuenta el «incremento registrado en los ataques» desde que el lobo fue incluido, en septiembre de 2021, en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre).
La titular autonómica ha subrayado que en los últimos dos años (2024 y 2025) se registraron una media de 2.019 avisos por ataques de esta especie, lo que ha sostenido que supone un incremento del 72% en relación con los 1.174 del año 2021. En la misma línea, ha insistido en que la reses afectadas por estos ataques pasaron de 2.050 en 2021 a una media de 3.168 en los últimos dos años, una subida del 55% –lo que equivale a que cada día son atacados nueve animales–.
Además, Vázquez ha añadido que la situación es más delicada en el caso de los caballos pues los ataques pasaron de 311 en el año 2021 a una media de 575 en los últimos dos años, lo que supone supón un incremento del 85%.
CRITICAS AL GOBIERNO CENTRAL
La conselleira también ha criticado al Gobierno central por su «protección de forma arbitraria» al lobo, sin «tener en cuenta la población ni el impacto socioeconómico» que esto causa al sector agroganadero. Asimismo, ha reclamado a la Administración general 12 millones de euros de fondos para «compensar los daños» de la especie, una cuantía que correspondería a los años 2022, 2023 y 2025.
En este sentido, ha mostrado su preocupación por la «falta de información» sobre las gestiones realizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el envío del informe de la especie a Bruselas. Ha subrayado que este documento debería haber sido remitido antes del 31 de julio y, tras dos prórrogas, la última fecha que se conoce fue el 31 de diciembre.
