La Xunta destina el próximo año más de 5,1 millones de euros a distintas líneas de ayudas para apoyar a los ayuntamientos en la ejecución de proyectos y medidas que contribuyan a optimizar la gestión de los residuos de competencia municipal y flexibiliza los requisitos de acceso a ellas con el objetivo de que lleguen a un mayor número de entidades locales.
El fin último, ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, es avanzar hacia un modelo de economía circular a nivel local y en la lucha contra el cambio climático.
Entre las novedades introducidas por el Ejecutivo autonómico para hacer las ayudas más accesibles está que los ayuntamientos ya no tendrán que realizar una aportación económica obligatoria del 10% del proyecto, sino que la Xunta asumirá el 40% de la inversión y el 60% restante se sufragará a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para el período 2021-2027.
Además, el IVA será subvencionable, por lo que «se reduce aún más el esfuerzo financiero que tendrán que hacer los municipios y se facilita una participación más amplia, incluso de aquellos de pequeño tamaño y con menor capacidad financiera».
Entre los ajustes realizados –recogidos en un informe analizado por el Consello este lunes– también está el establecimiento de límites máximos de ayuda fijos por proyecto, iguales para todos los ayuntamientos, eliminando el cálculo basado en el número de habitantes, al tiempo que se incorpora un criterio poblacional en la valoración, «que favorece a los municipios más pequeños y facilita su acceso a las ayudas».
Con el mismo objetivo de mejorar la eficacia del gasto público, la equidad territorial y la capacidad real de ejecución de los proyectos municipales, «la asignación de fondos de las distintas líneas de ayudas responde a las necesidades detectadas en convocatorias anteriores y a los deberes normativos más inmediatas».
LÍNEAS DE AYUDAS
La orden con la convocatoria de estos apoyos, que saldrá publicada en el Diario Oficial de Galicia en los próximos días, establece que en la recogida y tratamiento de biorresiduos habrá tres líneas de ayuda que suman un presupuesto de algo más de 3 millones de euros.
La primera se centra en la recogida separada, por importe de 730.000 euros, y en ella se valorarán, especialmente, los proyectos correspondientes a grandes productores de sectores como el de la hostelería o el de la alimentación.
La segunda línea tiene como objetivo la adquisición de vehículos específicos para la recogida de biorresiduos, con un presupuesto de cerca de 1,8 millones de euros. En esta ocasión este tipo de acciones se incluyen en una línea específica dada su entidad e importancia presupuestaria con el fin de permitir la profesionalización del servicio, mejorar la eficiencia operativa y facilitar la implantación territorial de la recogida separada, especialmente en ayuntamientos con dispersión poblacional.
Mientras, la tercera línea de ayudas de biorresiduos está dirigida a la puesta en marcha de iniciativas que contribuyan a avanzar en la implantación del compostaje doméstico y comunitario, con un importe de 560.000 euros.
La línea cuatro, con un presupuesto de 125.000 euros, es para acciones relacionadas con la gestión de residuos textiles y que permitan garantizar la continuidad de la implantación de la recogida separada de esta fracción en cumplimiento de las obligaciones europeas.
PUNTOS LIMPIOS
Por otro lado, las líneas 5 y 6, con un presupuesto conjunto de 1.650.000 euros, están dirigidas a acciones de modernización y mejora de los puntos limpios fijos y móviles con el fin último de consolidar y optimizar la red de recogida separada de residuos domésticos especiales que quedan fuera del servicio domiciliario y no se pueden depositar en contenedores específicos. Se trata de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), voluminosos, aceites, residuos peligrosos domésticos, entre otros.
La séptima línea, de nueva creación, está dotada con 290.000 euros y permite apoyar por primera vez de forma específica proyectos de digitalización de los servicios municipales de residuos y la implantación progresiva de sistemas de pago por generación.
En concreto, esta medida busca avanzar hacia una mayor trazabilidad de los residuos, eficiencia del servicio y tasas más justas y transparentes para el conjunto de la ciudadanía.

