El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez Vidal, ha defendido la «relevancia» estratégica de la prórroga de la concesión que tiene en vigor la conservera Jealsa en el puerto de Bodión, en la localidad coruñesa de Boiro, con la que se amplía su plazo de vigencia hasta los 75 años, mientras que la oposición ha criticado «opacidad» y falta de debate.

En una comparecencia este jueves en la Comisión 8ª del Parlamento, el responsable autonómico ha puesto en valor la modificación de la ley de Portos de Galicia que permite que aquellas concesiones con «relevancia estratégica» para la actividad portuaria puedan ampliar su concesión.

Así, ha pasado a detallar el «carácter estratégico» de la concesión, comenzando por el hecho de que sea una conservera «número 1 a nivel europeo y número 5 a nivel mundial». También ha destacado que cuenta con unas instalaciones en Boiro de 65.000 metros cuadrados, con más de 3.000 trabajadores directos y unos 12.000 indirectos, y que su influencia llega «más allá de la comarca de O Barbanza».

Además, Álvarez Vidal también ha subrayado que la modificación normativa trata de «evitar la deslocalización empresarial» para «mantener los puestos de trabajo» y «generar nuevos empleos», por lo que, ha insistido, «queda de manifiesto el carácter estratégico» en este caso.

En cuanto a la inversión, el presidente de Portos de Galicia ha destacado que el valor actual de las instalaciones en la concesión asciende a cinco millones de euros y la inversión prevista es «de más de 2,7 millones sin IVA», lo que hace que la solicitud de ampliación del plazo «cumple con que la inversión proporcional supere el 50% del valor actual de las instalaciones».

Asimismo, ha explicado que las obras que plantea Jealsa permitirán la sustitución de la cubierta de la nave principal, climatización de la nave y una nueva para nuevos productos. También incluye la reconstrucción de las instalaciones que ardieron en 2021.

«Entendemos el interés de la Cámara dar a conocer el resultado de un expediente de mucha relevancia para justificar que la modificación de la ley de Portos permite tener una buena noticia y ver un futuro interesante para, en este caso, la comarca de O Barbanza, con ocho millones de inversión y una evidente repercusión, para evitar la deslocalización empresarial y mantener un número de puestos de trabajo muy alto y con evidente vocación de aumento», ha argumentado.

PSOE: «OPACIDAD»

A continuación, el diputado del PSdeG Carlos López Font ha reprochado que la modificación legislativa no se trata de «un cambio técnico», sino de «un cambio de modelo» que otorga «más poder discrecional para la Xunta» y, todo ello, «sin debate sectorial ni participación pública y por la puerta de atrás a través de la ley de medidas de 2025».

Para el socialista, el problema no es la duración de las concesiones, sino «cómo lo están haciendo y para qué lo están haciendo». «La falta de transparencia, el trámite escogido es un ataque directo al control parlamentario», ha insistido.

En esta línea, ha lamentado que el Gobierno gallego haya elegido «la forma más opaca», a través de la ley de medidas, para hacer cambios «sin luz ni taquigráficos» y «sin participación social y hurtando el debate parlamentario».

«Hablan de inversiones importantes, de actividades estratégicas, pero no definen nada, no se sabe qué es lo importante, qué es lo estratégico, qué criterios objetivos aplicarán y, cuando no hay criterios claros, lo que hay es arbitrariedad, la Xunta decide unilateralmente quién gana y quién pierde», ha criticado antes de insistir en que esta situación genera «dos amenazas»: «Opacidad y favoritismos».

Por todo ello, López Font ha remarcado que, en su opinión, se debería hacer una evaluación ambiental «rigurosa» y con «garantía de retorno social» para que no se convierta en «una vía para la privatización encubierta del litoral».

«TRANSPARENCIA Y RESPETO AL MEDIO»

Por su parte, Rosana Pérez (BNG) ha señalado que esta primera ampliación de concesión supone la confirmación de el cambio normativa se hizo para «atender a las solicitudes de concesión que ya estaban encima de la mesa por parte de determinadas empresas gallegas» y no para «revitalizar el sistema portuario».

En concreto, sobre la prórroga de concesión a la empresa de Boiro, la diputada nacionalista ha reprochado que los grupos parlamentarios y la ciudadanía en general se enterasen de la aprobación de este expediente –del que se dio cuenta esta semana en el Consello de la Xunta– a través de los medios de comunicación, por lo que ha echado en cara al representante autonómico que no acudiese antes a la Cámara.

«Viene a darnos todos los detalles que llevamos dos días leyendo en la prensa y ahora después de que ya los conoce todo el mundo nos lo viene a dar a nosotros, que somos los representantes de la ciudadanía. Nos parece una burla y nos gustaría saber por qué no vinieron antes», ha cuestionado.

Asimismo, en su segunda intervención en la Comisión, Pérez ha criticado también que incluyeran esta modificación a través de la ley de acompañamiento.

En todo caso, ha asegurado que el Bloque no es «desfavorable» a las ampliaciones de las concesiones, estudiando caso por caso, pero sí son «favorables» a que la administración pública sea «transparente y respetuosa con el medio».

«LAS PRÓRROGAS NO SE REGALAN»

Mientras, el diputado del PPdeG Miguel Fidalgo ha reprochado al BNG que «nunca van a estar contentos» con lo que hagan los populares y ha defendido que la reforma legislativa no fue «cosmética», sino que fue pensada «para crear inversiones a largo plazo».

«En Galicia las prórrogas no se regalan, se ganan con inversión, empleo y compromiso con el territorio. Y esto es lo que diferencia un gobierno serio de un gobierno que abochorna a todos», ha sostenido antes de remarcar que Jealsa es una empresa «estratégica» y «motor económico», además de reivindicar que el expediente se hizo «con criterios técnicos y seguridad jurídica».

A renglón seguido, el responsable de Portos de Galicia ha puesto en valor que el modelo «no cambia» si es que, ha apuntado, «no cambió en el Estado», ya que «se hace con todas las garantías legales».

«Pensar que esto se hace por algo que alguien pide.. ojalá que muchos pidan, tendremos la tranquilidad de que a todos se atenderá y, si cumplen los requisitos, servirán para que tengamos una tranquilidad para un futuro mejor para todos», ha manifestado.