La Consellería de Economía e Industria ha concedido ayudas por más de 2 millones de euros a empesas mineras para actuaciones de sostenibilidad, que incluyen líneas como protección ambiental, mejora de condiciones laborales e inversiones de certificación.
Según la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este jueves, empresas como Cobre San Rafael se llevan una subvención de más de 100.000 euros por diferentes conceptos como «ejecución tratamiento pasivo», igual que Explotación Gallegas recibe 100.000 euros por la actuación «adaptación de vestuarios Touro», entre otros ejemplos.
El pasado mes de marzo, Fiscalía pidió abrir juicio oral a la empresa propietaria de los terrenos y los derechos de investigación de la antigua mina de Touro y dos de sus responsables, para los que solicita dos años de cárcel e inhabilitación durante ese tiempo para el ejercicio de toda profesión que tenga que ver con actividades mineras y extractivas. Dirige la acusación contra Explotaciones Gallegas, que en 1993 adquirió la concesión de la explotación, conocida como mina de Touro.
En los terrenos propiedad de Explotaciones Gallegas pretende retomar la explotación de cobre la empresa Cobre San Rafael, compuesta por Atalaya Mining, que lidera económica y técnicamente el proyecto, junto a la propia Explotaciones Gallegas, que aporta la superficie y los derechos de investigación. La iniciativa fue declarada como proyecto estratégico en 2024 y está pendiente de autorizaciones de la Xunta para la explotación.
Al respecto, la portavoz de la Plataforma Mina Touro-O Pino Non, Che Cancelo, ha aludido a esta cuestión este mismo jueves en la rueda de prensa de presentación de la manifestación contra Altri del 14 de diciembre, en la que ha recordado que Cobre San Rafael cuenta con una declaración de impacto ambiental (DIA) negativa de 2020. «¿Qué sentido tiene que le den 200.000 euros a un proyecto que no está aprobado? ¿Será prevaricación?», ha cuestionado de forma crítica con el Gobierno gallego.
Asimismo, entre las empresas que reciben más subvención de la Xunta en esta orden de ayudas también se encuentra Canteras de Richinol, con más de 200.000 euros, o Grupo Ingemar, con cerca de 200.000 euros. La resolución está firmada por el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila.
COBRE SAN RAFAEL SE DESVINCULÓ
En un comunicado el pasado mes de marzo, Cobre San Rafael se desvinculó de este asunto porque la denuncia «está referida a Explotaciones Gallegas» y esta última «solo aporta» los terrenos y la explotación del cobre, mientras que Atalaya Mining es la compañía que tiene «capacidad técnica y financiera para desarrollar el proyecto». Además, aseguraba que, si el proyecto de la mina se pone en marcha, será Atalaya Mining la que adquiera «la mayoría del accionariado de Cobre San Rafael».
Esta empresa también insistió en que los hechos a los que se refiere Fiscalía ocurrieron entre 2019 y 2021, por lo que «son previos» a los proyectos de drenaje y canalización, y la nueva planta de tratamiento de aguas financiados por Cobre San Rafael, que de hecho –añade– incluye en su nuevo proyecto «la restauración integral de la totalidad de los terrenos de la mina histórica, sean o no parte de la operación» que promoverá.
