El Consejo de Ministros aprobará este martes, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Plan Cartográfico Nacional para el período 2025-2028, que va a contar con una inversión de 195,26 millones de euros repartidos en cuatro anualidades.

El plan, elaborado en el seno del Consejo Superior Geográfico, órgano consultivo del Estado en el que participan todas las administraciones públicas y que ejerce la función consultiva y de planificación de la información geográfica y la cartografía oficial, ha sido coordinado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), adscrito a la Subsecretaría del Ministerio.

El Plan Cartográfico Nacional para el cuatrienio 2025-2028 es el instrumento de planificación de la producción de cartografía e información geoespacial de la Administración General del Estado (AGE) en los próximos cuatro años y está armonizado con el Plan Cartográfico de las Fuerzas Armadas y los planes cartográficos de las Comunidades Autónomas.

El plan tiene como objetivo producir toda la información geográfica para usos catastrales, militares, medioambientales, ocupación del suelo, instalaciones, redes de transportes e infraestructuras, hidrografía, ordenación del territorio o emergencias, entre otros, o para utilizar de manera compartida las infraestructuras y recursos.

El Plan recoge la actividad para el periodo 2025-2028 en materia de información geográfica en la AGE, mediante 420 operaciones con las que se generan o actualizan productos cartográficos y se implantan o mantienen geoservicios web y servicios cartográficos y geoespaciales.

Entre sus aplicaciones a las políticas públicas, destacan la actualización del Sistema de Información de Parcelas Agrícolas (Sigpac), el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) y el Plan Nacional LiDAR (Pnoa-LiDAR), que periódicamente surte de imágenes georreferenciadas de todo el territorio y modelos digitales del terreno al conjunto de las administraciones públicas para el ejercicio de sus competencias.

Así, por ejemplo, se llevará a cabo la actualización de la cartografía catastral, la aplicación de políticas sociales o medioambientales o los proyectos de grandes infraestructuras de ingeniería civil, así como la gestión de emergencias y desastres naturales.