La Xunta sacará a concurso la próxima semana un total de 24 parcelas para hacer 1.439 viviendas protegidas en los municipios de A Coruña, Ferrol, Lugo y Pontevedra.

La adjudicación se hará tanto en régimen de compraventa como en derecho de superficie, «la primera vez que se utiliza en Galicia», con la intención de promocionar la vivienda en alquiler, con «un periodo mínimo de 30 años».

De ello ha informado este jueves en el Parlamento gallego el director del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, quien ha explicado que para la adjudicación se priorizarán las promociones que se destinen a alquiler sobre las de compra.

El reparto de las 1.439 viviendas protegidas es el siguiente: A Coruña (518), Ferrol (414), Lugo (370) y Pontevedra (137).

DATOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

En la comisión de Ordenación Territorial, el responsable del IGVS ha informado de que entre 2016 y el primer semestre de 2019 se calificaron provisionalmente 192 viviendas protegidas y 222 de forma definitiva.

Además, Heriberto García se ha quejado de que «está a la espera» de que el Ayuntamiento de Vigo apruebe la modificación del Plan Parcial para la creación de 1.600 viviendas en San Paio de Navia.

Al respecto, la diputada socialista María Pierres ha tachado estos datos de «paupérrimos», por lo que critica una respuesta de la Xunta «totalmente insuficiente» al ritmo de crecimiento de cinco demandantes nuevos al día de vivienda.

«VETO» AL CONSELLO DA CULTURA GALEGA

Por otra parte, en esta comisión Luís Bará (BNG) ha pedido explicaciones a la Xunta por el «veto» al Consello da Cultura Galega en la tramitación de la ley de rehabilitación, así como por el informe de este organismo en el que alerta de que la norma «modifica el régimen de protección de patrimonio cultural gallego» al afectar a conjuntos históricos y bienes con valores etnológicos, entre otros.

Bará ha tildado de «chapuza jurídica» esta ley, ya que tras ser aprobada en abril se incluyen cambios en la ley de acompañamiento debido a su «inseguridad jurídica».

En respuesta, Heriberto García ha asegurado que «en ningún caso se vetó la participación del Consello da Cultura Galega», mientras ha defendido que fue una ley en la que hubo un amplio proceso participativo.

Sobre el informe del Consello da Cultura Galega, afirma «no compartir el análisis» y observa «ciertas confusiones en las interpretaciones que se recogen», dado que «el régimen de protección no se modifica», pues cada bien «sigue tiendo la protección que le corresponde».

El responsable del IGVS garantiza que la ley solo permite actuaciones autorizables «mínimas» sin que puedan afectar a los valores merecedores de protección, además de requerir la autorización del ayuntamiento correspondiente

SITUACIÓN DE FAMILIA DE VIGO

El director xeral del IGVS ha respondido una tercera pregunta en esta jornada sobre la situación de una familia de Vigo –con dos hijas menores– que cobra la Risga y tiene dificultades para pagar el alquiler. Informa de que la Xunta le ha facilitado una vivienda en A Cañiza, que ha sido adjudicada esta misma semana. Además, se le concedió en octubre un bono de alquiler prorrogable durante seis años.

El diputado de Común da Esquerda Antón Sánchez ha censurado que «ni el Ayuntamiento ni la Xunta les aporta soluciones en la ciudad de Vigo», un municipio «con miles de viviendas vacías». Así, recrimina que «es un fracaso» que solo se le haya podido otorgar vivienda a esta familia a «58 kilómetros de donde viven, con dos hijas escolarizadas».

Heriberto García ha justificado que «no hay viviendas disponibles» en Vigo porque el Ayuntamiento «se niega a participar de forma activa» en la búsqueda de soluciones.