La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto casi 40 testigos para el juicio que celebrará el Tribunal Supremo (TS) contra el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por la presunta trama de mascarillas, entre ellos Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; Javier Hidalgo, exCEO de Air Europa; y la que fuera presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

Así consta en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, donde reclama que Ábalos y Koldo sean condenados a 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente, y al pago de una multa de 3,9 millones euros por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación y cohecho.

Anticorrupción también dirige su acusación contra el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, para quien propone una condena de 7 años de cárcel y multa de 3,8 millones de euros por pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada y cohecho, tras atenuar su petición de condena por su «confesión».

El jefe de esta Fiscalía Especializada, Alejandro Luzón, plantea que declaren los tres acusados, 39 testigos y varios peritos, desde los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han redactado los informes que nutren la causa hasta la perito que hizo la prueba caligráfica a Koldo y el que firmó la valoración de uno de los inmuebles relevantes para la causa.

Entre los testigos destaca el jefe de gabinete de Hacienda, cuyo nombre llegó al caso a través de Aldama, quien aseguró que dio a Koldo un sobre con 25.000 euros destinado a Moreno como gesto de agradecimiento porque el empresario le había pedido el favor de que se aplazara un embargo relativo a una de sus compañías.

En su declaración como testigo ante el Supremo, Moreno negó haber recibido ningún dinero de la presunta trama, al tiempo que reconoció que trasladó a un funcionario del Ministerio de Hacienda la petición del empresario sobre dicho embargo, pero sin indicación alguna, y que desde ese momento se desentendió del tema.

Anticorrupción también quiere escuchar en el juicio el testimonio de Pardo de Vera, ya que Adif recibió parte de las mascarillas obtenidas por la presunta trama. En su caso, cabe recordar que la Audiencia Nacional (AN) la investiga por presuntos amaños de obra pública y la supuesta contratación irregular de Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos.

Precisamente, el Ministerio Público propone como testigo a Rodríguez. El instructor del ‘caso Koldo’ en el TS cree que su contratación en Ineco y Tragsatec, para proyectos relativos a Adif, y que el pago del alquiler del piso donde vivía en Plaza de España (Madrid) por parte de un socio de Aldama podrían ser contraprestaciones a Ábalos.

El Supremo sospecha igualmente que Ábalos, a través de Koldo, promovió la contratación de Claudia Montes en otra empresa pública: Logirail. La ex Miss Asturias +30 del año 2017 reconoció ante el alto tribunal que le pidió ayuda para encontrar trabajo pero defendió que todo fue legal.

Por otro lado, Fiscalía solicita que comparezcan en juicio el ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura; el ex subsecretario Jesús Manuel Gómez, sobre el que Ábalos descargó la responsabilidad de la adjudicación de los contratos bajo sospecha; y Virginia Barbancho, exjefa de Rodríguez en Tragsatec que asegura que dio la voz de alarma.

LOS «CUATRO MOSQUETEROS»

Fiscalía también reclama como testigo al exCEO de Air Europa. El asunto del rescate a la compañía ha aflorado en la instrucción en relación a la nota de prensa que el Ministerio de Transportes emitió para alentarlo, en un contexto de nerviosismo por parte de Hidalgo que se encargaba de transmitir Aldama, como emisario de la compañía.

Asimismo, propone como testigo a Carmen Pano, la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede central del PSOE, a su hija Leonor González y al empresario Claudio Rivas, todos investigados en la AN. Y es que, según las pesquisas, Have Got Time –sociedad vinculada a los tres– adquirió el chalet de La Alcaidesa (Cádiz) que luego disfrutó Ábalos en sus vacaciones familiares del verano de 2021.

En la rama empresarial destaca igualmente la propuesta de las testificales de los denominados «cuatro mosqueteros», por el chat de WhatsApp que Aldama tenía con sus socios más cercanos: Ignacio Díaz Tapia, César Moreno y Javier Serrano. Fiscalía interesa también el testimonios de Alberto Escolano, el socio de Aldama que habría pagado el piso de Plaza de España donde vivía Rodríguez.

LA FAMILIA

Además, Anticorrupción solicita al Supremo que llame como testigos a familiares del exministro y su exasesor, apuntando en primer lugar al hijo de Ábalos, ante las sospechas por parte de los investigadores de que pudo servirle de testaferro.

En segundo lugar, reclama al hermano de Koldo, Joseba, ya que las pesquisas revelan que habría favorecido el pago de comisiones a la presunta trama al recoger dinero en efectivo de República Dominicana de socios de Aldama para traerlo a España.

Por último, Fiscalía interesa el testimonio de la ex mujer de Koldo, Patricia Uriz, a la que los investigadores señalan como colaboradora indispensable de su entonces pareja para gestionar las presuntas mordidas.

Tanto el hermano como la exmujer de García están investigados en la Audiencia Nacional, donde se investiga todo lo relativo al ‘caso Koldo’ que no está directamente vinculado a Ábalos, el único aforado ante el Supremo por mantener la condición de diputado en el Congreso.