El Ministerio de Función Pública ha ofrecido este miércoles a CCOO, UGT y CSIF una subida fija del 10% para los empleados públicos en el periodo 2025-2028, según fuentes sindicales, que precisan que este porcentaje se repartiría en los cuatro años, sin que pueda superar el 4% para los ejercicios 2025 y 2026 para no sobrepasar el techo de gasto.

De este modo, la subida del 6% restante tendría que aplicarse en los ejercicios 2027 y 2028, aunque, según fuentes de CSIF, el Gobierno les ha propuesto que el incremento sea mayor en 2027 dada la evolución estimada de los precios.

CCOO, UGT y CSIF han mostrado su rechazo a esta propuesta, que consideran insuficiente. A raíz de la oposición sindical, el Ministerio de Función Pública ha convocado a los sindicatos a un nuevo encuentro para este jueves, 20 de noviembre, a mediodía.

CSIF entiende que esta primera oferta «no cubriría» la subida de los precios, pues hasta octubre de este año la inflación interanual era del 3,1%.

«Los dos primeros años del acuerdo supondrían una pérdida para el poder adquisitivo de los empleados públicos y por tanto no lo podemos aceptar», insisten desde CSIF, que ha añadido que, por responsabilidad, seguirá negociando con el Gobierno.

«Hay que tener en cuenta que desde 2022, fecha del anterior acuerdo, los sueldos se han devaluado un 8% y desde 2010, cuando se produjo la bajada salarial con los recortes de ese año, la pérdida se eleva casi al 20%», defienden desde el sindicato de Miguel Borra, a la vez que recuerdan que el Gobierno «está recaudando más que nunca, ha elevado el techo de gasto y por tanto hay margen para elevar la oferta».

UN «INSULTO» A LOS FUNCIONARIOS

Por su parte, desde CCOO han calificado del «todo inaceptable» la propuesta del Gobierno porque entienden que supone un «insulto» para los empleados públicos.

El sindicato ha afirmado que sólo aceptará una propuesta salarial que implique la recuperación del poder adquisitivo y ha amenazado con retomar la convocatoria de una huelga general en diciembre «si no hay una propuesta económica justa».

Por su parte, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha indicado que el porcentaje ofrecido por el Gobierno «complica la negociación» y ha avisado de que para el sindicato el acuerdo plurianual debe «garantizar el poder adquisitivo». «No estamos para perder oportunidades ni para perder dinero», ha avisado.

Desde UGT han indicado que harán «números» y esperarán a ver cómo discurre la nueva mesa de negociación convocada para mañana por el Gobierno a mediodía. Sobre las movilizaciones, Araque no ha querido indicar si se retomarán o no «por principio de buena fe» y ha indicado que desde el sindicato esperarán a ver lo que mañana Función Pública pone sobre la mesa.

Por su lado, desde el Ministerio que dirige Óscar López han asegurado que estudiarán los planteamientos de las organizaciones sindicales.

Sindicatos y Ministerio han celebrado hoy una nueva reunión, presidida por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, para seguir abordando el nuevo marco plurianual de relaciones laborales y salariales de los empleados públicos.

El Ministerio defiende que el acuerdo marco que se está negociando contempla, entre sus objetivos, unos servicios públicos de mayor calidad y la mejora de la relación entre los ciudadanos y la Administración.

En las anteriores reuniones entre ambas partes se ha avanzado en el bloque del empleo público, como la agilización y mejora de los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, la planificación de efectivos, la atención a la ciudadanía y servicios públicos, la igualdad y la no discriminación, y en unas condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables.