El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una declaración institucional con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, que se celebra este jueves 20 de noviembre, en la que aseguran que el Gobierno «avanza» hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de «universalidad y equidad fiscal», una ayuda que el Ministerio de Juventud e Infancia pide que sea de 200 euros al mes por hijo a cargo. Si bien, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido evaluar primero las ayudas que ya existen para evitar posibles duplicidades.

«Desde el Ministerio de Juventud e Infancia se continúa impulsando políticas de lucha contra la pobreza infantil, ampliando apoyos a las familias, trabajando en el cumplimiento del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea y extendiendo el Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal», reza la declaración, consultada por Europa Press.

En concreto, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han indicado que esta es una medida planteada por el departamento que dirige Sira Rego y por la coalición Sumar «como una ayuda para las familias de 200 euros por hijo o hija a cargo». Una fórmula, según añaden, «que permite dejar de lado el actual modelo asistencial y que permitiría reducir la tasa de pobreza infantil a la mitad».

Si bien, María Jesús Montero, ha opinado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que «para reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil», primero hay que «evaluar el rendimiento» de los instrumentos que se han puesto en marcha para evitar duplicidades. En concreto, ha destacado el Ingreso Mínimo Vital que va acompañado de un complemento de ayuda a la infancia (CAPI).

«Sería interesante evaluar todos los instrumentos que tenemos para luchar contra la pobreza infantil y en caso de que haya que mejorarlo, pues puede ser una prestación como la que usted comenta o cualquier otra mejorada de las que tenemos ya en marcha» ha apuntado Montero. «Si no, permanentemente, estamos duplicando instrumentos o lo estamos poniendo solapadamente uno encima de otro», ha apuntado.

Por otro lado, en la declaración institucional acordada por el Ejecutivo y aprobada este martes en el Consejo de Ministros, el Gobierno recuerda que el Ministerio de Juventud está impulsando un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil, «un objetivo que tiene que unir al conjunto de fuerzas políticas y administraciones públicas, así como a la sociedad en su conjunto».

De la misma manera, llama a proteger el bienestar de niños y adolescentes y construir una sociedad que les incluya. «Nuestra responsabilidad como país no es sólo proteger su bienestar, sino construir una sociedad que les incluya, les tenga en consideración como sujetos de derechos, y garantice una vida libre de violencia, discriminación y desigualdades», argumenta.

Igualmente, indica que las infancias son «diversas» y que, por ello, se enfrentan a «diferentes desigualdades». En este sentido, expone que «es responsabilidad del Estado y del conjunto de la sociedad acabar con las estructuras que reproducen estas desigualdades y garantizar que cada niño y cada niña pueda desarrollarse en libertad, autonomía y dignidad».

Por otro lado, hace referencia a las nuevas tecnologías, que recalca que «deben ser una herramienta de aprendizaje y libertad, nunca de acoso, explotación o control» y hace referencia a la ampliación de la Ley de protección a la infancia frente a la violencia (LOPIVI), al proyecto de Ley Orgánica de Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales, en trámite en el Congreso de los Diputados, o a la necesidad de luchar «contra fenómenos como el ciberacoso o el aprovechamiento económico de las personas menores de edad en su calidad de personas consumidoras vulnerables».

En esta misma línea, alerta de que la desigualdad económica «también condiciona vidas enteras desde la infancia». «El abordaje de la pobreza infantil debe realizarse desde una perspectiva integral, reconociendo que se trata de un fenómeno multidimensional que va más allá de la falta de ingresos», recalca.

También considera «imprescindible» la apuesta por el fortalecimiento los servicios públicos de salud, educación y cuidados y añade que «solo se pueden conseguir marcos inclusivos desde el refuerzo de lo público». «Ningún niño, niña o adolescente debe ver limitado su futuro por su situación económica o habitacional», destaca.

«Es necesario seguir avanzando en garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción o discriminación, y tener para ello en cuenta a aquellos que viven con una mayor vulnerabilidad, como es el caso de la infancia tutelada, la infancia migrante no acompañada u otras infancias vulnerables», subraya.