El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha ofrecido una cofinanciación con la Diputación y los placeros de Ourense para desbloquear el futuro de la Praza de Abastos Nº1 de la ciudad de As Burgas tras la advertencia de desahucio por parte del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

Así, durante la tarde de este jueves ha mantenido un encuentro con el diputado provincial Rosendo Fernández y con representantes de la junta directiva de la Asociación de Comerciantes e Industriais de la Praza de Abastos Nº1 de Ourense para evaluar la situación.

Tras la reunión, según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el conselleiro ha reafirmado que el Gobierno autonómico mantiene la mano tendida al Ayuntamiento con el objetivo de proporcionar una salida racional a este conflicto y desbloquear el futuro de la Praza, ofreciendo una cofinanciación a tres bandas junto a la Diputación y los propios placeros para, ante el posicionamiento del Gobierno local, acometer sin la aportación municipal las obras de adecuación del edificio –de titularidad municipal– que permitan recuperar, «cuanto antes y con todas las garantías», la Praza y la Alameda.

De este modo, el Gobierno gallego ha reivindicado que con esta reunión se ha escenificado la colaboración con Diputación y placeros para avanzar en un camino «compartido por todo Ourense», en respuesta a un posicionamiento del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que, según el conselleiro «amenazó con el desahucio como un nuevo punto» de una cronología de la que ha recordado cuatro puntos.

«El Ayuntamiento es responsable de la Praza, que lleva seis años y medio cerrada con la Alameda ocupada por responsabilidad del gobierno municipal; el edificio está inacabado, haciendo inviable el retorno de los placeros sin acometer antes las obras de adecuación; la Xunta ofreció en mayo de 2024 consensuar un plan funcional y cofinanciar las obras y, desde entonces, el alcalde lleva año y medio instalado en una sucesión de ‘noes’, con argumentos cada vez más frágiles y llegando a romper un acuerdo firmado a tres bandas en el que se comprometía a cofinanciar las obras. Todo para tratar de justificar su posicionamiento previo, enfrentándose a todas las familias de su ciudad y prefiriendo judicializar el conflicto, con consecuencias sin medir, en lugar de llegar a acuerdos por el bien común», ha reprochado González.

PROPUESTA A TRES BANDAS

En este contexto, el responsable autonómico ha detallado la última propuesta trasladada al Ayuntamiento para tratar de desbloquear el conflicto, «que solucionaría la negativa del Ayuntamiento a aportar ni un euro en un edificio que es municipal».

En concreto, el Gobierno autonómico mantendría el apoyo comprometido de 1,4 millones de euros para cofinanciar las obras (1,2 millones consignados en los presupuestos de 2026 y la reserva de 200.000 euros para 2027), la Diputación de Ourense colaboraría con 200.000 euros y los placeros completarían el presupuesto previsto con los 400.000 euros restantes.

Entre las tres partes, ha apuntado, suplirían la falta de financiación del Ayuntamiento, que a cambio debería prorrogar la concesión a los comerciantes, cuestión recogida en el contrato vigente de concesión, tal y como ha expuesto el conselleiro, que ha señalado que es «tan legal como lógico» solicitar esta condición para poder amortizar su aportación: «¿Qué concesionario no pediría esta prórroga, recogida en el contrato, para asumir una inversión de 400.000 euros?».

«INÉDITO»

Asimismo, José González también ha hecho referencia al comunicado emitido por el regidor este jueves, que en su opinión muestra «lo inédito de la situación».

«El alcalde está dañando un proyecto que debería ser tractor para Ourense, al insistir en una posición en la que parece que las cuestiones personales prevalecen sobre el bien común, cargando contra comerciantes de su ciudad, y que son los primeros que quieren volver a la Praza, como demuestran con su oferta de cofinanciación», ha reivindicado.

A continuación, el titular de Emprego ha formulado una pregunta: «¿Que alcalde, de cualquier ciudad, con un edificio de titularidad municipal, aceptaría que los concesionarios de un edificio municipal asuman ellos junto a otras administraciones el cofinanciamiento de las obras necesarias para recuperarlo y, en lugar de firmar, prefiera rechazar el acuerdo y judicializar la cuestión?».

En esta línea, ha insistido en que no concibe «que el Ayuntamiento prefiera ir a una guerra judicial con una amenaza de desahucio», en lugar de «avanzar en un objetivo compartido».