Albada, la empresa concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de A Coruña, ha notificado oficialmente a los trabajadores el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que se hará efectivo a partir del 2 de enero y que afecta a 39 empleados, según ha asegurado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Julio Martínez Maceiras.
«El Ayuntamiento tiene que decidir qué hacer», ha insistido Maceiras después de que por parte de los trabajadores, antes del inicio de la huelga convocada desde las 22,00 horas del pasado domingo –tras el anuncio del ERTE–, se pidiese al gobierno local el rescate de la concesión.
Martínez Maceiras ha explicado que por parte de la empresa se les comunicó que también se había pasado la documentación a la autoridad laboral. A su vez, los trabajadores hicieron llegar el contenido de la misma a la Concejalía de Medio Ambiente.
«Tienen que tomar ua decisión», ha insistido, en referencia al gobierno local, el presidente del comité de empresa, quien no ha descartado la posibilidad de que endurezcan sus protestas, además de mantenerse concentrados ante la planta. Sobre la llegada de camiones, ha descartado incidentes, aunque ha admitido que se está ralentizando su entrada.
MECANISMOS JURÍDICOS
Por su parte, en declaraciones a los periodistas, la alcaldesa, Inés Rey, ha reiterado que el Consistorio utilizará «todos los mecanismos jurídicos para garantizar la prestación del servicio y el fin de la huelga».
«Se estudiará cuál es la mejor forma jurídica para garantizar el servicio y los puestos de trabajo», ha dicho al ser preguntada si no se esperará hasta el uno de enero para adoptar alguna medida.
Mientras, los dos concejales del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera y Avia Veira, han visitado este miércoles a los trabajadores en huelga en la planta para trasladarles, según informa esta formación, el «respaldo» a sus reivindicaciones.
Para el BNG, la concesionaria pretende hacer «decaer» el convenio colectivo, lo que implicaría, añade, «una modificación sustancial a la baja de las condiciones laborales y salariales» de la plantilla. Además, pide la intervención de la planta para «asegurar un servicio básico».
