El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado crítico con la subida de peajes de la AP-9 para el próximo ejercicio, y ha lamentado que «los intereses» de Audasa, la concesionaria, y del Gobierno central, que «la respalda y la tolera» van «nuevamente en contra de los intereses de los gallegos».

Así lo ha trasladado, a preguntas de los medios, en una rueda de prensa en la que ha recordado que la Xunta dispone de un estudio económico que avala que se «ahorraría más» con el rescate de la autopista que «manteniendo la concesión hasta el final».

Por ello, ha lamentado el alza de peajes que se augura y, «mucho más», ha agregado en referencia a los socialistas, «viendo esas promesas electorales de gratuidad de los peajes».

SASEMAR

Rueda también ha sido preguntado sobre la situación de Sasemar, la flota estatal de salvamento marítico, que deja descubiertas zonas de la costa gallega, a lo que ha esgrimido que la Xunta «insistirá» en la necesidad de reforzar esta cuestión «y otras cosas».

«Ojalá que simplemente la presidón de la Xunta sirviese para que el Gobierno hiciese caso», ha reflexionado Rueda, quien ha defendido que, «por supuesto», los medios «deben estar operativos». Pero ha ejemplificado con que no es la primera vez que ocurren cuestiones de este tipo y ha ejemplificado con buques de Vigilancia Aduanera que «estaban en otros sitios o en Galicia, pero no funcionando».

SUBIDA DEL IBI EN SAN XOÁN DE RÍO CON ALCALDE DEL PP

Sobre el plan de San Xoán de Río (Ourense), cuyo regidor es el popular Xosé Miguel Pérez Blecua, de subir el IBI a propietarios de casas en desuso, para que las alquilen o vendan, Rueda se ha reafirmado en su postura de que no cree «en soluciones mágicas» y en pensar «que el problema de la vivienda se soluciona solo con más carga impositiva», cuando los dueños a veces solo quieren «mayor seguridad jurídica».

Como ejemplo, ha apuntado a las zonas tensionadas, con las que es crítico. «Ya veremos los datos», ha dicho.

En todo caso, ha concluido que cada ayuntamiento «debe tomar sus decisiones sobre su política retributiva». «Muchas veces son decisiones responsables si llevan aparejada una gestión económica razonable», ha esgrimido el jefe del Ejecutivo autonómico.