La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que las comunidades autónomas (CCAA) han «desmantelado el operativo de incendios forestales» al despedir a «al menos 4.000 bomberos». El sindicato ha criticado que las administraciones hayan tomado esta decisión a pesar del «desastre ecológico» de este verano, cuando han ardido más de 350.000 hectáreas en cuestión de pocas semanas, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Para tratar de solventar esta situación, ha demandado «cambiar el modelo» de gestión de incendios en España y poner el foco en la prevención y no en la extinción. Por ello, pide un Pacto de Estado o una «normativa básica» que defina «claramente» cómo tienen que ser los operativos mínimos. «Que haya un pacto que obligue a todas las CCAA a mantener estos operativos al 100% durante todo el año», ha incidido el responsable nacional de CSIF de bomberos forestales, Agustín Argulo, en rueda de prensa para valorar el fin de la campaña de alerta de incendios forestales.

En este sentido, CSIF ha criticado la situación en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y la Comunidad de Madrid, a su juicio, las comunidades «más perjudicadas» por los despidos. Entre otras cifras, ha destacado que sólo en Galicia se prevé el ceso de «un millar de bomberos forestales» el próximo 17 de noviembre.

En el caso de Castilla y León, ha avisado de que la Junta ya ha despedido «al 30% del operativo contraincendios, a la vez que publicita un plan para profesionalizarlo y estabilizarlo». A su vez, ha señalado que el «grueso» de los contratos de Ayudantes de Oficio Forestal finalizaron el 20 de septiembre y que «sólo 1.500 de los 2.205 bomberos forestales de la empresa pública regional Geacam» en Castilla-La Mancha llevan a cabo su labor durante todo el año.

Por otro lado, el sindicato ha calculado que faltan «unos 220 bomberos forestales» en Andalucía y ha denunciado que en Cantabria, a pesar de que el operativo sea «100% público», los profesionales hablan entre otras cosas de una carencia de equipos de protección indidivual (EPI) adecuados.

Argulo ha explicado que no puede dar la cifra total de bomberos forestales en España ya que «muchos» siguen sin estar dados de alta como tales, lo que constituye «un incumplimiento de la ley». Durante su intervención, ha denunciado que estos despidos recurrentes al final de las campañas de alto riesgo acaban derivando en una falta de «profesionalización».

Asimismo, ha incidido en que las Administraciones llegan a un punto en el que no pueden «ni cubrir los mínimos» ya que en vez de iniciar las contrataciones con previsión se esperan al inicio de la temporada de riesgo. Por otro lado, ha recalcado que aún faltan «mandatos» por cumplir de las Leyes Básicas de Bomberos Forestales y Agentes Medioambientales, en vigor desde hace un año.

«Esperamos que el Gobierno siga el desarrollo de esos mandatos que venían en la Ley. Faltaría un Real Decreto que recoja las enfermedades profesionales de bomberos, que está en desarrollo pero no en vigor (…), también faltaría desarrollar la regulación de los tiempos de trabajo, porque hemos visto que cuando no hay medios (se puede llegar) hasta las 21 horas de jornada laboral», ha criticado.

Argulo ha señalado que el sindicato presentó alegaciones al Pacto de Estado Contra la Emergencia Climática pero que, desde entonces, «no se ha dado ningún paso» al ser preguntado si CSIF planea reuniones con el Gobierno o los diferentes partidos políticos a nivel nacional para sacar adelante el Pacto de Estado para fijar mínimos en los operativos forestales.

Lo que sí ha avanzado es que las movilizaciones continuarán en Castilla y León hasta que se convalide «el decreto ley de la Junta para regular a los bomberos forestales», al que los sindicatos se oponen. «Están tratando de engañar y vender a la población de Castilla y León que están haciendo unas mejoras en el operativo cuando no pasa eso», ha denunciado.

«POBLACIÓN CADA VEZ MÁS INDEFENSA Y LOS BOMBEROS, MÁS CANSADOS»

Por su parte, el delegado nacional de Medio Ambiente de CSIF, Marcelino Arribas, ha criticado la falta de cobertura de las plazas vacantes de agentes medioambientales y ha puesto el foco sobre las guardias de incendios y las brigadas de investigación de incendios forestales. «En Castilla y León hay dos guardias, nos tenemos que las quiten en otoño», ha lamentado.

A nivel autonómico, ha pedido que las administraciones estudien cuántos agentes se van a beneficiar de los coeficientes reductores para la jubilación de tal manera que puedan prever cuánto nuevo personal necesitarán las plantillas mientras que a nivel estatal ha reclamado al Ejecutivo aprobar unas directrices para identificar y gestionar los riesgos laborales del sector, así como la modificación de la normativa de circulación de vehículos para que los de los agentes tengan condición de prioritarios.

«La población año a año está cada vez más indefensa, y los bomberos forestales, más hartos y cansados», ha lamentado el responsable de CSIF en Seguridad y Emergencias ASEM-112 y bombero de la Comunidad de Madrid, Alfonso Ferrero, que ha anunciado que él mismo ha sido uno de los afectados por los despidos.

Durante su intervención, Ferrero ha denunciado que, a pesar de que el 50% de la superficie de la Comunidad de Madrid está en riesgo de incendio, «sólo gestiona el 1,8%» en los meses de invierno.

A pesar de que durante sus 17 años como bombero forestal se ha adaptado a lo que ha denominado como «precariedad invernal» –su contrato se acaba cuando finaliza la etapa de alto riesgo–, ha indicado que tiene «infinidad de amigos» que o bien han abandonado la profesión o se han ido a otras comunidades autónomas donde les ofrecen algo más de continuidad, «como la Comunidad Valenciana o Andalucía».

Por otro lado, ha confirmado que los bomberos de la Comunidad de Madrid mantienen su huelga indefinida hasta que se llegue a un acuerdo sobre las condiciones laborales que reclaman, a pesar de que se haya abierto una vía de negociación con la Consejería.