La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha cifrado en 2.985 las viviendas públicas «iniciadas» en diferentes fases de las 4.000 comprometidas para 2028, un millar de las cuales «ya» están en construcción. Avanza que en 2026 comenzarán a entregarse los primeros hogares realizados en la legislatura.

De este modo, ha citado a Vigo, Pontevedra, Lugo, Ourense, A Coruña, Santiago, Ferrol, Mos y Vilagarcía como los lugares en los que se avanza en esas casi 3.000 viviendas en marcha.

Así lo ha expuesto en su comparecencia en el Parlamento gallego para dar cuenta de las líneas de su departamento para 2026. En la presentación de las cuentas hace unos días por el conselleiro de Facenda, los presupuestos de este departamento eran de 518,3 millones (+1%), sin embargo, la conselleira ha elevado esa cifra a 560 millones para 2026.

Señala que se persiguen objetivos como «brindar más y mejores oportunidades de vivienda», realizar infraestructuras «vanguardistas», así como apostar por una ordenación del territorio «adecuada a la comunidad».

Entre otras partidas, las políticas de vivienda contarán con 350 millones, de los cuales 163 millones irán para construcción de vivienda nueva (+635). La sociedad pública de vivienda (Vipugal) contará con 77,8 millones –con 1.777 hogares en marcha– y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) tendrá 269,6 millones (+22%) –apunta que solo el 17% de ellos provienen de fondos finalistas estatales–. El programa Fogar Vivo, de movilización de inmuebles vacíos, triplica la partida y alcanza 2,6 millones en 2026 –recibió más de 300 solicitudes en 2025–.

De tal forma, ha dado cuenta nuevas medidas para 2026 como la compra de bajos para la conversión en viviendas en régimen de alquiler social, que serán de carácter permanente y garantiza que en condiciones «dignas». Cuenta con más de 2 millones en 2026 en una partida plurianual de 5 millones.

También valora medidas como: el derecho de tanteo que tendrá el IGVS para la compra de viviendas protegidas que salgan a la venta; permitir edificar un 20% más en suelo urbano en el que al menos el 60% de vivienda que se haga sea protegida –«No se trata solamente de construir por la Xunta», justifica–; unido a la modificación normativa que permitirá construcción de vivienda protegida y alojamientos compartidos en suelos dotacionales en desuso.

MÁS MEDIDAS DE VIVIENDA

La estrategia de suelo residencial contará con 18 millones. Están tramitados Proxectos de Interese Autonómico (PIAS) para ámbitos en: Vigo, A Coruña, Santiago, Lugo, Pontevedra, Arteixo y Vilagarcía de Arousa, al igual que comenzó la tramitación de uno en Marín.

A partir del 1 de enero los municipios podrán promover y desarrollar los Proxectos de Interese Autonómico (PIAS) para la creación de suelo destinado al menos en un 80% a la construcción de vivienda protegida.

El Fondo de Cooperación lanzado este año para ayudar a los ayuntamientos a financiar la construcción de vivienda protegida, urbanizar suelo o adquirir tendrá 10 millones.

El Programa Rexurbe tendrá una dotación de 12 millones para actuaciones en cascos históricos de: Betanzos, A Coruña, Ferrol, Mondoñedo, Ribadeo, Ourense, Ribadavia y Tui. Y se continuará con rehabilitaciones a través del Consorcio Vello de Vigo, con un presupuesto que crece a 2,7 millones.

Las líneas de ayudas para compra por parte jóvenes en cascos históricos y para el acceso a viviendas protegidas contarán con 4,8 millones. En el caso de las partidas para ayudas al alquiler, suman 18,9 millones, frente a los 13,2 millones de 2025.

INFRAESTRUCTURAS

En materia de infraestructuras, la Xunta reserva 263 millones para 2026. Algunas de las principales actuaciones pasan por un nuevo eje para mejorar la movilidad del Salnés entre Sanxenxo y O Grove, la segunda fase de la autopista Santiago-A Estrada (17 millones para el tramo entre Pontevea y O Rollo), así como nuevos tramos de: Nadela-Sarria (5 millones), Tui-A Guarda (8 millones) y Brión-Noia (5,2 millones).

Otras partidas serán de 8 millones para el tramo Baio-Berdoias en la autovía de Costa da Morte y 3 millones para la restitución de la LU-651 en Folgoso do Courel.

Habrá 71,6 millones para conservación de carreteras, 3 millones más. La Xunta invertirá 57 millones en ampliar el número de kilómetros de vías de altas prestaciones y variantes.

Allegue hace hincapié en que el próximo año se pagarán «cero euros» tras el rescate de cuatro concesiones de peaje en sombra. Habrá 6,5 millones para bonificaciones para las autopistas autonómicas AG-55 (A Coruña-Carballo) y AG-57 (Vigo-Baiona).

«TORPEDOS» LEGISLATIVOS CONTRA LA VIVIENDA PÚBLICA

Por su parte, Alexandra Fernández (BNG) ha alertado de diferentes «torpedos» contra la vivienda pública que incluye la Xunta en la ley de acompañamiento. Por un lado, denuncia un «nuevo modelo totalmente opaco» que deja «en manos» de los promotores de inmuebles de protección autonómica «decidir quién va a ser el inquilino» y «excluir determinados perfiles», en una «pérdida de control» de lo público por el que podrán aplicar «sesgos discriminatorios» a inmigrantes o personas en vulnerabilidad social.

También ha acusado a la Xunta de dejar en un «cajón» la promesa de Alfonso Rueda de 1.800 nuevas viviendas públicas para 2026 y ahora hablar de 4.000 en 2028. Tacha de «auténtico escándalo» que el Gobierno gallego compute en esas cifras viviendas que no pasarán a ser propiedad pública hasta «dentro de 50 o 75 años», lo que define como «maquillar los datos».

Igualmente, Alexandra Fernández ha acusado al Gobierno gallego de aumentar la «precariedad» de las condiciones de habitabilidad en minipisos para «maximizar beneficios» de promotoras. Pone de ejemplos que si antes una vivienda para una familia con dos hijos tenía que ser de 56 metros cuadrados como mínimo, ahora podrá ser de 38 metros cuadrados.

Aitor Bouza (PSdeG) ha cargado contra lo que considera años de inacción del PP en materia de vivienda. A modo de ejemplo, denuncia que entre 2015 y 2019 solo se crearon 20 viviendas públicas: «Entiendo que pueda hacer coña el dato, pero no le hace ninguna coña a todos esos chicos y chicas que, a día de hoy, por la política del Partido Popular en la Xunta de Galicia en materia de vivienda, no tienen vivienda».

Denuncia el socialista que en 2024 la Xunta dejó sin ejecutar el 70% de fondos del programa de acceso a vivienda y que solo lleva el 5% ejecutado hasta la mitad de 2025. También pide al Gobierno gallego apoyar con recursos a municipios para quee puedan hacer informes de zonas tensionadas en vez de «trabas», y reprocha que no implemente más fondos después de que «tres de cada cuatro peticiones» de ayudas al alquiler quedasen fuera.

Paralelamente, Bouza censura que la Xunta no bonifique el 100% de las autopistas de su titularidad mientras reclama que el Estado haga eso mismo en la AP-9, al tiempo que cuestiona que el Gobierno gallego vaya a ejecutar «de verdad» infraestructuras comprometidas durante años que se terminan como la autovía de la Costa da Morte.

En cambio, Roberto Rodríguez (PP) ha puesto en valor que este departamento «planifica con rigor y ejecuta con responsabilidad». Durante su intervención ha aprovechado para defender a los promotores inmobiliarios, pues considera que «está bien de criminalizar al sector», quienes «no son especuladores, son colaboradores necesarios».

También ha aprovechado el diputado popular para criticar a Alexandra Fernández porque «perdió una oportunidad única para disculparse» por un mensaje en redes sociales de Rogelio Santos, candidato del Bloque a las elecciones europeas, contra la secretaria xeral del PP, Paula Prado.