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EPA.- Sindicatos avisan de un aumento de la temporalidad en Galicia pese a la bajada del paro

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Sindicatos avisan de un aumento de la temporalidad laboral en Galicia pese a la bajada del paro en la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2025.

En un comunicado, la secretaria de Organizacion de CC.OO., Maica Bouza, apunta que los datos de empleo son positivos «como suele acontecer en este periodo del año». Sin embargo, alerta de que el empleo indefinido se reduce mientras ganan peso los contratos temporales, sobre todo en el sector privado.

El balance del mercado laboral en estos tres meses «tiene luces y sombras», dice Bouza. En el lado positivo, todo el empleo que se crea es a jornada completa, mientras que la jornada parcial se reduce. El lado negativo es que crece el empleo temporal y se reduce el indefinido.

A pesar de que el ritmo de creación de empleo y de reducción del paro es mejor en Galicia que en el resto del Estado, la tasa de actividad gallega sigue casi seis puntos por debajo de la estatal y hay seis comunidades autónomas donde se crea más empleo que en Galicia, relata Comisións Obreiras.

Por su parte, UGT ha reclamado «seguir reduciendo el tiempo de trabajo, reforzar la protección frente al despido injusto y garantizar salarios que crezcan para amortiguar los efectos de las subidas de productos básicos».

UGT sostiene que la regulación actual del despido «sigue siendo una materia pendiente en España». «La reforma impuesta en 2012, un ataque frontal al diálogo social y a la negociación tripartita, debilitó la posición de las víctimas de un despido injusto e ilegal, reduciendo sistemáticamente las indemnizaciones por un acto ilícito y eliminando los salarios de tramitación. Esta reforma rompió el equilibrio entre las partes y vulneró los estándares europeos de protección», advierte.

Por eso, UGT exige una reforma que «restablezca la justicia en el despido y garantice la reparación íntegra a las personas trabajadoras afectadas, tal como establece la Carta Social Europea y reconoció el Comité Europeo de Derechos Sociales, al declarar que el sistema español no protege adecuadamente frente al despido improcedente».

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