La CIG ha convocado una jornada de huelga en el sector de la construcción en Galicia para el próximo 5 de noviembre, una protesta que afectará tanto a la obra pública como a la privada y que busca reivindicar un marco gallego de negociación colectiva que blinde y mejore los convenios provinciales.
En Pontevedra la manifestación partirá a las 12.00 horas desde el local sindical de la CIG, en la rúa Pasantería, y recorrerá las calles de la ciudad hasta concluir en una concentración en el Puente de los Tirantes.
Durante los días previos a la huelga, la CIG organizará asambleas abiertas en distintas localidades para explicar los motivos de esta convocatoria.
Según explicó este martes en rueda de prensa Lara Fernández, responsable de la Federación de la Construcción de la CIG en Pontevedra, la protesta tiene como objetivo lograr un marco autonómico que permita negociar aspectos clave como salarios y jornadas laborales, competencias que actualmente están reservadas al convenio estatal.
Fernández subrayó que la huelga responde a la necesidad de superar los límites que fija el actual modelo estatal, que impide mejoras acordadas a nivel provincial e impone medidas como los planes privados de pensiones o la obligatoriedad de la Fundación Laboral de la Construcción.
«Esta huelga no es un capricho», afirmó, recordando que el convenio provincial de Pontevedra fue impugnado por la patronal española por incluir avances que iban más allá del marco estatal.
La CIG, sindicato mayoritario en el sector en Galicia, trasladó su propuesta de abrir esta negociación a la Federación Gallega de la Construcción (FEGACONS) y a las cuatro patronales provinciales, sin recibir respuesta. Ante lo que califican como una actitud «obstruccionista», la central nacionalista ha optado por convocar esta huelga y buscar un acercamiento también a través del Consello Galego de Relacións Laborais.
Uno de los argumentos clave de la CIG es que un acuerdo gallego permitiría mejorar las condiciones laborales, especialmente en lo relativo a los bajos salarios y largas jornadas, haciendo que el sector resulte más atractivo para nuevas incorporaciones. De este modo, explican, se podría paliar una de las principales quejas de la patronal como es la falta de mano de obra.
Además, desde la CIG se insiste en la necesidad de ampliar los coeficientes reductores que permiten la jubilación anticipada en trabajos especialmente duros. «Estamos hablando de un sector peligroso, un sector penoso. Una persona de 65 o 67 años no puede estar subida a un tejado o a un andamio», sentenció Lara Fernández.