La plantilla de ENCE Pontevedra se ha concentrado este miércoles a las puertas de la fábrica en respuesta a los recortes y despidos que la dirección pretende llevar a cabo el próximo mes de noviembre en el servicio médico interno y en las contratas auxiliares. La movilización, convocada por el Comité de Empresa, pone en evidencia el creciente malestar entre los trabajadores ante lo que consideran una política continuada de precarización de las condiciones laborales.

Durante la concentración, el secretario del Comité de Empresa, Omar Vázquez, tomó la palabra para denunciar lo que calificó como un «plan de recortes» por parte de la dirección de ENCE, que estaría afectando directamente a los derechos y a la seguridad del personal.

Omar Vázquez recordó la celebración de la sentencia que hace casi tres años supuestamente garantizaba el futuro de la planta en la ría de Pontevedra. Sin embargo, el dirigente sindical denunció que desde entonces «no ha pasado un solo mes sin que tengamos que denunciar malas prácticas de la dirección, denunciar la inseguridad» o el incumplimiento de promesas, según apuntó.

Uno de los puntos más críticos señalados por el Comité es la externalización del servicio médico, una decisión que, según los representantes de los trabajadores, pondría en riesgo la salud y seguridad del personal. «La intención de la externalización es atacar lo que maliciosamente llaman absentismo», ha dicho.

El secretario del Comité de Empresa indicó que la Dirección de la factoría de Lourizán pretende eliminar la presencia de personal sanitario a turnos «pretenden presionarnos todavía más para trabajar estando enfermos», denunció Vázquez.

El Comité alertó de que esta medida aumentará el número de bajas médicas, al no contar con atención sanitaria inmediata ante lesiones o malestares durante la jornada laboral. «No tener atención sanitaria en la fábrica hará que cualquier mínima lesión o dolencia que tengamos se agrave hasta que nos tengan que mandar de baja», advirtió.

Los trabajadores de esta planta industrial llevan meses denunciando públicamente el deterioro progresivo de las instalaciones en Pontevedra, atribuyéndolo a una clara falta de inversión por parte de Ence. Las quejas han sido presentadas en múltiples foros, incluyendo reuniones internas, medios de comunicación, la Inspección de Trabajo y durante la huelga convocada en enero.

Los representantes de los trabajadores exigen una intervención inmediata de las autoridades laborales y una inversión real que garantice condiciones seguras, higiénicas y dignas en el entorno de trabajo.

«Nos están desmantelando los derechos mientras la fábrica se desmantela sola», censura el secretario del Comité de Empresa. Advirte, además, de que no puede permitirse la salida de más compañeros bajo las actuales condiciones, ya que consideran que se pone en riesgo directo la integridad física de la plantilla. «Si seguimos así, algún día saldremos nosotros con los pies por delante», afirma con contundencia.

Los trabajadores apelaron también a la conciencia colectiva sobre la importancia de no anteponer el trabajo a la salud y la seguridad personal. En este contexto, reclamaron una acción decidida frente a lo que califican como una «dirección liquidadora», a la que acusan de gestionar la empresa con un enfoque exclusivamente económico, sin preocuparse por el bienestar de su plantilla.

POSTURA DE ENCE

Sobre esta protesta, la compañía traslada a Europa Press que «la seguridad es una prioridad para Ence». «La inversión de la compañía en seguridad en 2025 ha sido de 9,1 millones de euros. La planta de Ence en Pontevedra tiene un índice de accidentalidad de 0,86, 22 veces menos que el sector y 32 veces menos que la media española», indica.

«En este marco se ha decidido mejorar el servicio que se está prestando en el ámbito de la vigilancia de la salud de los trabajadores a través de una empresa de referencia a nivel nacional. Todas estas nuevas medidas van a aportar mejores medios tecnológicos, seguimiento personalizado y continuado. A ello también se suma la teleasistencia 24 horas y otras prestaciones ya trasladadas a la parte social», agrega.