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Los trabajadores de Emafesa denuncian la paralización del convenio colectivo y amenazan con movilizaciones

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El comité de empresa de Emafesa, la empresa mixta de aguas de Ferrol, ha denunciado este miércoles la situación «absolutamente insostenible» que atraviesan los trabajadores, con el convenio colectivo paralizado desde hace un año y medio.

En una rueda de prensa en la sede del sindicato CIG, el presidente del comité, José María Mata Pardo (CIG), ha criticado que el bloqueo se debe a una orden del propio Ayuntamiento, socio mayoritario de la compañía.

«Por primera vez en 25 años de historia de esta empresa, el proceso de convenio colectivo está paralizado porque el propio Ayuntamiento ordenó frenar el proceso para estudiar las cuentas», ha afirmado Mata.

La falta de avances en las negociaciones ha provocado que la plantilla no tenga una actualización salarial, lo que agrava una pérdida de poder adquisitivo que se arrastra desde 2012, cuando a los trabajadores se les aplicó la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pensada para el sector público.

Mata Pardo ha exigido que el anunciado rescate financiero de la empresa, que elevará la participación pública al 93%, incluya también un «rescate económico» para la plantilla.

«El rescate de la sociedad no será total si no alcanza a los trabajadores», ha sentenciado, y ha advertido de que, si no se adoptan medidas urgentes, se verán obligados a «intensificar las medidas de presión».

GESTIÓN PÚBLICA

En la misma comparecencia, Fran Cartelle, de la Federación de Servicios de la CIG en Ferrol, se ha sumado a la denuncia de los trabajadores y ha calificado de «nefasta» la gestión privada de Emafesa. Según el sindicato, la actual situación de «disolución» de la compañía demuestra que la gestión privada ha sido un fracaso y que se ha perdido una «magnífica oportunidad» para que el servicio vuelva a ser totalmente municipal.

Cartelle ha criticado que las modificaciones estatutarias que irán al pleno ordinario de fin de mes de este jueves, 25 de septiembre, no cambian la administración de la empresa, ya que el socio privado «seguirá teniendo toda la potestad» sobre la gestión.

«La solución que se lleva es que continúe al volante el mismo conductor que llevó a esta situación nefasta», ha lamentado.

Por ello, la CIG insiste en que la única solución lógica y beneficiosa para los trabajadores y la población sería que la parte pública asuma la gestión directa del servicio

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