Comisiones Obreras (CC.OO.) ha pedido incluir las intervenciones en los incendios forestales dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Así lo ha defendido el sindicato, que ha remitido su posición en la consulta pública previa abierta por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para el proyecto de Real Decreto que desarrollará la Ley de Protección de Riesgos Laborales (LPRL) para las actividades de bomberos forestales en cumplimiento de la Ley 5/2024 básica de bomberos forestales.

CC.OO. ha argumentado que la sentencia de 12 de enero de 2006 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dejó «meridianamente claro» que las actividades habituales de los bomberos, incluidas las intervenciones en emergencias como los incendios, están dentro del ámbito de aplicación de la Directiva marco sobre salud y seguridad en el trabajo (Directiva 89/391 CEE), de la que se deriva la LPRL.

En este sentido, el documento de CC.OO. plantea que el decreto «clarifique de manera definitiva» la integración de la prevención de riesgos laborales en los organismos públicos y empresas que se dedican a prevenir y combatir los incendios forestales, «empezando por recordar la obligación de estas organizaciones de realizar la evaluación de riesgos tanto en las actividades programadas de prevención como en las de intervención durante la extinción de incendios o cualquier otro tipo de emergencia en la que se deba actuar».

El sindicato ha indicado que esta es una obligación ya existente, «como reconocen incluso diversos requerimientos de Inspección de Trabajo, pero que algunas comunidades autónomas, como Castilla y León o Andalucía, se niegan a llevar a cabo».

«Las bomberas y bomberos forestales tienen el mismo derecho a la salud y seguridad en el trabajo que el resto de colectivos profesionales», ha afirmado Mariano Sanz Lubeiro, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CC.OO.

Asimismo, el documento propone insistir en la aplicación de la LPRL en elementos como la designación de recursos preventivos, la elaboración de procedimientos de trabajo para situaciones de riesgo grave e inminente, la dotación de medios humanos y materiales para intervenir en rescates de personal del propio dispositivo, el abordaje a riesgos específicos como los agentes cancerígenos o la investigación de accidentes, entre otros.

«Estamos ante un colectivo imprescindible para proteger el medio natural español y el patrimonio y las vidas de la población rural de nuestro país. Y sin embargo, sus condiciones de trabajo distan mucho de ser saludables y seguras en muchísimos casos, como hemos podido constatar de manera dramática este verano», ha añadido Sanz.

Para el responsable de Salud Laboral de CC.OO., «es intolerable que aún haya administraciones públicas que nieguen la aplicación de la LPRL a este colectivo, a pesar de existir jurisprudencia europea al respecto y requerimientos de la Inspección de Trabajo».

«El Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene una oportunidad con este reglamento para zanjar de una vez por todas estas interpretaciones erróneas e interesadas que hacen algunas comunidades autónomas y para cumplir con el mandato constitucional de garantizar la salud para este colectivo», ha concluido.